El Gobierno indica que el TJUE no obliga a España a convertir en fijos a temporales públicos
- Firme compromiso del Gobierno con la temporalidad
- Sentencia del TJUE sobre contratos temporales
- Acciones del Gobierno para reducir la temporalidad
- Impacto en comunidades autónomas y entidades locales
Firme compromiso del Gobierno con la temporalidad
El Gobierno mantiene su compromiso por disminuir la temporalidad laboral en el sector público, destacando la estabilización de 419.756 plazas, cifra que supera las metas fijadas ante la Unión Europea.
Desde la capital española, el Ejecutivo ha reiterado que la lucha contra la temporalidad es una prioridad, presentando avances significativos en la consolidación de empleo público permanente.
Este proceso refleja un compromiso sostenido para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos y garantizar estabilidad en sus puestos.
Sentencia del TJUE sobre contratos temporales
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió recientemente un fallo que se considera aclaratorio y que no modifica la legislación española ni impone sanciones específicas.
Esta decisión responde a la cuestión planteada por el Tribunal Supremo acerca de la compatibilidad entre la Constitución española y el derecho europeo respecto a la fijeza automática en el empleo público.
El TJUE indicó que las medidas vigentes en España para controlar la sucesión de contratos temporales en el sector público no son completamente eficaces para sancionar estas prácticas ni corregir sus efectos.
Como ejemplo, el tribunal se pronunció sobre el caso de una trabajadora madrileña que tuvo seis contratos de interinidad desde 2016 y cuya relación fue reconocida como indefinida no fija debido a usos irregulares.
El fallo señala que esta modalidad no elimina la temporalidad y mantiene la precariedad, pese a subrayar la importancia de la estabilidad en el empleo como elemento esencial de protección.
Acciones del Gobierno para reducir la temporalidad
Tras conocer el fallo, el Ministerio de Función Pública reiteró la voluntad de continuar con la reducción de la temporalidad, respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la función pública.
El Ejecutivo ha trabajado en diversas legislaturas para afrontar esta problemática histórica, incorporando en 2021 una ley avalada por la Comisión Europea que ha permitido bajar la tasa de temporalidad del 39 % en 2023 al 32,7 % en la actualidad.
Se destacan reformas profundas con límites claros, controles, responsabilidades y procesos masivos de estabilización, comprendiendo más de 419.000 plazas estabilizadas frente al compromiso europeo de 300.000.
Adicionalmente, entre 2018 y 2025 la media anual de plazas convocadas ha sido de más de 32.000, reflejando un incremento neto del empleo público del 14,11 % entre 2021 y 2026, con España como el Estado miembro de la Unión Europea con mayor creación de empleo público, según Eurostat.
Impacto en comunidades autónomas y entidades locales
El Gobierno reconoce que el problema de la excesiva temporalidad afecta especialmente a las comunidades autónomas y entidades locales, donde las tasas alcanzan el 40 % y el 36 %, respectivamente.
Los sectores educativos y sanitarios concentran las mayores tasas de temporalidad, mientras la Administración General del Estado mantiene solo un 4,7 % de trabajadores con contratos eventuales, cumpliendo los requisitos vigentes.
Ante la necesidad de asegurar la prestación continua de servicios esenciales, la Administración recurre a contratos temporales para cubrir vacantes derivadas de carencias de personal.
Para avanzar en esta materia, el Ejecutivo ha presentado propuestas de medidas adicionales incluidas en el proyecto de ley orgánica de reforma de las carreras judicial y fiscal, así como en la Ley de Función Pública, ambas en proceso parlamentario.
