España propone incluir el derecho al aborto en la Constitución
El Gobierno ha anunciado que impulsará una reforma de la Constitución Española para reconocer el aborto como un derecho fundamental, blindando así la autonomía y libertad de decisión de las mujeres frente a cualquier retroceso futuro.
La iniciativa llega tras la polémica en el Ayuntamiento de Madrid por la difusión del inexistente “síndrome posaborto”, una teoría sin respaldo científico que fue defendida en el Pleno de Cibeles por Vox y apoyada por el PP, aunque finalmente desmentida por expertos y rechazada por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.
España, segundo país en el mundo en constitucionalizar el aborto
De aprobarse la reforma, España se convertiría en el segundo país del mundo en incluir el derecho al aborto en su Carta Magna, después de que Francia lo hiciera en 2024. El Ejecutivo recuerda que el Tribunal Constitucional ya reconoció en mayo de 2023 la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como un derecho esencial de las mujeres en su sentencia 44/2023.
Para ello, el Gobierno recurrirá al procedimiento ordinario de reforma constitucional, que requiere mayoría cualificada en las Cortes Generales.
Contra la desinformación y teorías sin base científica
El Ejecutivo también ha avanzado que modificará el Real Decreto 825/2010 para garantizar que toda la información proporcionada sobre aborto sea objetiva, científica y avalada por organismos internacionales como la OMS y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA). De este modo, teorías sin validez como el supuesto “síndrome posaborto” quedarán descartadas de manera oficial.
El contexto de la polémica en Madrid
La propuesta surge tras la iniciativa de Vox en el Ayuntamiento de Madrid para difundir información sobre ese supuesto síndrome en centros municipales. Aunque fue aprobada inicialmente con el apoyo del PP, Almeida rectificó señalando que el “síndrome posaborto” “no es una categoría científica reconocida” y garantizó que las mujeres recibirán información veraz de profesionales sanitarios municipales.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un marco jurídico sólido que proteja los derechos sexuales y reproductivos en España, blindando el acceso al aborto frente a posibles retrocesos políticos o campañas de desinformación.