España destina 975.000 euros a la ONU por los derechos humanos
El Consejo de Ministros de España ha aprobado la transferencia de 975.000 euros a dos organismos de las Naciones Unidas especializados en el ámbito de los derechos humanos. De acuerdo con el Ministerio de Derechos Sociales, esta cesión monetaria reafirma el compromiso del Gobierno con un modelo de desarrollo sostenible centrado en los derechos humanos y la justicia social.
La mayor parte de la suma aportada, 700.000 euros, se han destinado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Este importe se utilizará para apoyar la labor del ACNUDH en reforzar la implementación de un enfoque transversal de derechos humanos en todas sus competencias.
En general, esta contribución económica tiene como objetivo promover un modelo económico más justo y alineado con los derechos humanos. También busca reforzar la importancia de la Agenda 2030 como base para un desarrollo sostenible y equitativo y promover la colaboración en mejoras regulatorias que aseguren que las empresas privadas y el sector empresarial respeten los derechos humanos.
Por otro lado, los 275.000 euros restantes se invertirán en ONU Mujeres, la entidad de las Naciones Unidas dedicada a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Este importe se utilizará para reforzar el trabajo de ONU Mujeres en el desarrollo de sistemas de atención en América Latina y el Caribe. La inversión permitirá visibilizar y revalorizar este trabajo esencial, que suele ser invisible y se realiza principalmente por mujeres. Además, ayudará a reforzar las políticas públicas en materia de sistemas de cuidados, y posibilitará y apoyará la sensibilización de organizaciones de mujeres sobre la agenda de cuidados y su influencia a nivel regional.
Desde el Ministerio de Derechos Sociales destacan que la decisión de esta inversión surge de la necesidad de consolidar políticas públicas que sitúen a las personas en el centro de la acción institucional. De este modo, en medio de un escenario internacional marcado por "crecientes desafíos y por los cuestionamientos de la centralidad de la agenda de derechos humanos fundamentales y del desarrollo sostenible", resulta más necesario que nunca un enfoque firme y coordinado en pro de la justicia social, la igualdad y la dignidad de todas las personas.