Más de 1.000 y más de 430 millones para camiones tácticos y S-80
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a varios acuerdos de inversión vinculados a capacidades militares y a servicios de apoyo para el Ministerio de Defensa.
Entre las partidas autorizadas figuran más de 1.000 millones de euros para la compra de camiones tácticos destinados a las Fuerzas Armadas y más de 430 millones de euros para ajustar la orden de ejecución complementaria asociada a la construcción de cuatro submarinos S-80.
Además, se han aprobado fondos para reforzar la protección de sistemas de información y comunicaciones en Defensa, así como un acuerdo marco de asistencia técnica orientado al apoyo logístico en unidades de la Armada y en servicios generales en Madrid.
- Camiones tácticos para las Fuerzas Armadas
- Ajustes en la construcción de los submarinos S-80
- Inversión en ciberseguridad y protección de infraestructuras
- Asistencia técnica para apoyo logístico de la Armada
Camiones tácticos para las Fuerzas Armadas
El Gobierno ha autorizado, mediante un primer acuerdo, la adquisición de camiones medios y pesados de transporte táctico para las unidades de las Fuerzas Armadas. El importe aprobado asciende a 1.040 millones de euros.
La duración prevista es de cuatro años desde la formalización, con la opción de ampliar el plazo mediante una prórroga de dos años.
Según Defensa, la compra busca completar y mejorar la cobertura de estos vehículos, además de renovar la flota en los casos en los que el material haya finalizado o esté cerca de finalizar su ciclo de vida.
El departamento que dirige la ministra Margarita Robles ha señalado que, con estas adquisiciones, las Fuerzas Armadas podrán operar en distintos entornos e integrarse en estructuras multinacionales, con el objetivo de asegurar la protección de la población y el control del territorio y los recursos.
Ajustes en la construcción de los submarinos S-80
Un segundo acuerdo, por un valor de 432,04 millones de euros, autoriza la modificación de la orden de ejecución complementaria relacionada con la construcción de cuatro submarinos de la serie S-80.
Defensa ha explicado que este cambio se considera necesario para alcanzar una configuración adecuada de los submarinos, adquirir repuestos y atender la gestión de las obsolescencias detectadas en distintos sistemas e instalaciones de los buques.
Inversión en ciberseguridad y protección de infraestructuras
Por otra parte, el Ejecutivo destinará 353,54 millones de euros al equipamiento y a los servicios orientados a la protección global de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa, junto con herramientas de ciberseguridad de uso transversal en el Ministerio de Defensa.
Defensa ha indicado que se considera necesario consolidar la seguridad en los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones. El objetivo es reforzar capacidades de prevención, detección y respuesta ante ciberataques.
Esta medida se enmarca en la nueva Política de Seguridad de la Información del Ministerio, y se alinea con la Estrategia de Ciberseguridad Nacional y con las organizaciones internacionales de las que España forma parte.
El acuerdo tendrá una duración de tres años desde el 1 de junio de 2026 o desde la fecha de formalización del contrato, hasta el 31 de mayo de 2029, con posibilidad de una prórroga de un año.
Asistencia técnica para apoyo logístico de la Armada
Asimismo, el Consejo de Ministros ha autorizado un acuerdo marco de servicios de asistencia técnica para la gestión de actividades de apoyo logístico en las jefaturas de aprovisionamiento de los arsenales de la Armada y en la Jefatura de Servicios Generales y Asistencia Técnica (Madrid).
El importe asciende a 28,48 millones de euros. El objetivo es dotar a la Armada de un servicio externo de apoyo técnico especializado que complemente las capacidades propias, mantenga la continuidad de las operaciones logísticas y asegure la calidad y fiabilidad de la información gestionada.
La duración prevista es de dos años desde el 1 de enero de 2026 o desde la formalización del contrato si fuese posterior, con posibilidad de dos años de prórroga.