El Gobierno otorga una subvención al observatorio encargado de elaborar el informe anual de las CCAA

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática , Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto para la concesión directa de una subvención al Observatorio de Derecho Público IDP Barcelona, que es el encargado de elaborar el informe anual de las comunidades autónomas, aunque Moncloa no detalla el importe de esta ayuda.

Esta subvención está destinada a las actividades para el estudio del modelo territorial español, tales como la celebración de seminarios, congresos, jornadas, diálogos y publicaciones, y en especial, para la organización del Foro de las Autonomías y la publicación del Informe de Comunidades Autónomas anual y del Anuario del Gobierno Local, todo ello referido al estudio del modelo territorial español durante el ejercicio 2026.

Según defiende Moncloa, el objetivo de la subvención es "la profundización en el estudio del modelo territorial español, no solo desde una perspectiva jurídica, sino también política, económica y social, fomentando la participación de la comunidad académica, de la sociedad civil y de otros actores relevantes a través de seminarios, congresos, jornadas, espacios de diálogo y publicaciones que contribuyan a enriquecer el debate y a construir soluciones compartidas".

El Observatorio es un consorcio de Derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, adscrito a la Universidad de Barcelona y creado a través del convenio de 6 de noviembre de 2013 entre la Universidad de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona. Su principal actividad se centra en la promoción y realización de investigación científica y aplicada en el ámbito del Derecho público.

Entre otras actividades sobre la materia, su principal actividad se plasma en la publicación del Informe de las comunidades autónomas. Este informe constituye el resultado de la colaboración entre las propias administraciones autonómicas, que desde su inicio lo han impulsado.