El Gobierno fija un tope del 35% en ingresos por publicidad institucional
- Ley de publicidad institucional: novedades y alcance
- Objetivos y motivaciones del gobierno
- Repercusiones y dudas sobre la aplicación
- Contexto regulatorio y liderazgo del ministro
- Resistencia política y desafíos parlamentarios
Ley de publicidad institucional: novedades y alcance
El Gobierno planea aprobar en el próximo Consejo de Ministros un anteproyecto de ley sobre publicidad institucional que incorpora dos medidas principales. Por una parte, exigirá a todos los medios, sin importar su tamaño, que hagan pública la información sobre su propiedad. Este requisito busca que la audiencia pueda identificar a los dueños y detectar posibles conflictos de interés. Por otra parte, se impondrá un límite para que ningún medio pueda generar más del 35% de sus ingresos totales a partir de publicidad institucional o fondos públicos.
En un primer momento, esta restricción fue retirada, y se habló de un límite del 30%, pero recientemente el Ejecutivo decidió recuperarla con ciertas modificaciones. Esta información, adelantada por El Confidencial y confirmada por EL PAÍS, se esperaba que se presentara en el Consejo de Ministros el martes pasado. Inicialmente, el Gobierno descartó establecer un tope, primero en el 30% y ahora en el 35%.
Objetivos y motivaciones del gobierno
La finalidad principal de esta legislación es impedir que organismos públicos, como administraciones autonómicas o locales, financien medios que carecen de viabilidad económica real. En muchos casos, estos medios poseen escasa audiencia y casi ningún ingreso privado, lo que los convierte en plataformas al servicio de esas instituciones que los sostienen.
De acuerdo con las estimaciones del Ejecutivo, la limitación del 35% en la publicidad institucional agregada de todas las administraciones no afectará a los principales medios, independientemente de su línea editorial, ya que ninguno supera este porcentaje, considerado elevado.
Repercusiones y dudas sobre la aplicación
No obstante, algunos pequeños medios, que el presidente Pedro Sánchez ha denominado “pseudomedios”, sí podrían verse afectados. Según los datos gubernamentales previos a la implementación de la ley, algunos de estos reciben más del 50% de sus ingresos de administraciones públicas.
Será crucial analizar con detalle el texto final, que pasará por un proceso de consulta pública y estará sujeto a posibles modificaciones en las próximas semanas. Esto es importante porque las administraciones podrían encontrar vías para eludir la prohibición, por ejemplo, utilizando empresas públicas o semipúblicas, o mediante otros subterfugios similares.
Contexto regulatorio y liderazgo del ministro
Este proyecto ha generado polémica, pues algunos medios pequeños, y en algunos casos críticos con el Ejecutivo, podrían ser los más perjudicados. Sin embargo, el Gobierno defiende que esta iniciativa está alineada con la normativa aprobada en la Unión Europea llamada EMFA, respaldada por socialistas, populares y liberales. Esta regulación establece la obligación de transparentar la propiedad mediática y fijar límites a la publicidad institucional para evitar que determinados medios dependan exclusivamente de fondos públicos.
El ministro Óscar López, responsable de Transformación Digital, lidera el desarrollo normativo que responde también a los acuerdos europeos para combatir la desinformación, los bulos y el uso fraudulento de la inteligencia artificial. Esta cuestión se ha tratado en recientes normativas y continúan los esfuerzos en esta línea, como manifestaron Sánchez y López en la cumbre de inteligencia artificial celebrada en Nueva Delhi, India.
Resistencia política y desafíos parlamentarios
El Gobierno impulsa un paquete amplio de reformas que afectan a medios, derechos de rectificación y honor, delitos cometidos en redes sociales —incluyendo deep fakes con menores— y la restricción del uso de redes sociales a menores de 16 años. En sus discursos recientes, Sánchez ha enfatizado estos temas con creciente frecuencia.
En La Moncloa hay equipos monitoreando el ecosistema informativo y creen que existe una inclinación deliberada hacia la derecha, especialmente en la proliferación de bulos y desinformación que a menudo tienen mayor alcance en redes sociales que las noticias verificadas. La estrategia pasa por regular, al igual que la UE, con la idea de “hacer las redes grandes de nuevo”, lema empleado por Sánchez en referencia a la famosa frase de Trump.
Pese a esta voluntad regulatoria, la proximidad del final de legislatura y las dificultades parlamentarias limitan las posibilidades de éxito. Junts, indispensable para aprobar leyes, continúa rechazando la mayoría de propuestas y mantiene una postura de ruptura con el PSOE, obstaculizando acuerdos.
Por otro lado, PP y Vox se oponen frontalmente a esta regulación, calificándola de “censura” y mostrando su apoyo a los “pseudomedios”. Un ejemplo es la invitación de ambas formaciones al agitador ultraderechista Vito Quiles en el cierre de campaña de las recientes elecciones en Aragón, lo que facilita la suma de sus votos junto a Junts para bloquear estas iniciativas.
En este caso, la propuesta aún está en fase inicial y queda un largo proceso antes de su posible aprobación en el Congreso. No obstante, el Ejecutivo insiste en mantener su agenda legislativa para intentar aprobar el máximo número posible de reformas en el año y medio restante. En caso de no lograrlo, al menos se dejaría patente la voluntad política de avanzar en esta normativa, que si se concretara, evidenciaría a ciertos medios que critican lo público y se autodefinen como liberales, pero que en realidad dependen casi por completo de ingresos procedentes de administraciones públicas.