Reforma de la Ley de Extranjería: una medida clave para Canarias
La gestión migratoria en Canarias ha experimentado un cambio notable tras la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, diseñada para aliviar la presión sobre el archipiélago. En este contexto, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha destacado que, durante el mes de agosto de 2025, se atendían a 5.037 menores migrantes no acompañados en la comunidad. Sin embargo, para el 15 de enero de 2026, esta cifra se había reducido a 3.411.
Este dato fue compartido en una rueda de prensa celebrada con motivo del primer aniversario de la modificación legislativa, aprobada el 19 de marzo. Pestana resaltó que esta reforma ha demostrado ser una herramienta efectiva para redistribuir la responsabilidad entre las comunidades autónomas, descongestionando el sistema canario.
Traslados y resultados
Hasta la fecha, la Delegación ha gestionado un total de 1.946 solicitudes de traslado de menores migrantes desde Canarias hacia otras regiones. De estas, 1.025 se resolvieron favorablemente, lo que representa aproximadamente un 80 % de decisiones positivas. Además, 526 solicitudes fueron desfavorables y quedan 395 pendientes de respuesta.
Este movimiento ha permitido que alrededor de 1.800 menores abandonen el sistema de protección en Canarias, una cifra que suma a aquellos solicitantes de asilo, contribuyendo así a una mejor distribución territorial de la atención.
Impacto en el sistema de atención
La situación previa mostraba un sistema sobrecargado, con preocupación por los recursos disponibles para menores migrantes. En agosto de 2025, además de los 5.037 menores tutelados, se contabilizaban 786 nuevos llegados, elevando el total a 5.823 posibles atendidos. Sin embargo, el descenso en la cifra a 3.411 en enero de 2026 refleja la eficacia de la política implementada y la continuidad en la tramitación de expedientes.
Reforma eficaz y retos futuros
El delegado ha calificado la reforma como muy efectiva y justa, ya que alivia la presión sobre Canarias, considerada territorio fronterizo, y redistribuye las responsabilidades entre las comunidades. Sin esta normativa, la situación migratoria en el archipiélago sería más complicada y se requeriría aprobar medidas similares para otras comunidades y ciudades autónomas en situación de contingencia.
La convalidación del Real Decreto Ley contó con mayoría parlamentaria, aunque obtuvo el rechazo de los grupos políticos PP y Vox. Pestana advierte que esta normativa podría perder valor en 2027 si no se alcanza un consenso en la conferencia sectorial, especialmente ante la oposición de Vox a acoger menores migrantes fuera de territorios fronterizos.
En caso de que el mecanismo deje de aplicarse, Canarias podría quedar en una posición aún más vulnerable, por lo que es fundamental promover acuerdos que permitan repartir la carga migratoria entre todas las comunidades autónomas y garantizar una respuesta eficaz ante las contingencias.