La Iglesia valora que el Defensor denuncie abusos a menores tutelados
- La Iglesia española y el informe del Defensor del Pueblo
- Acuerdo para la reparación de víctimas
- Plazos y condiciones del convenio
- Reparación en distintos ámbitos
La Iglesia española y el informe del Defensor del Pueblo
La Iglesia en España ha mostrado su apoyo a la solicitud realizada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para investigar la explotación sexual de menores bajo tutela, conforme al informe presentado en el Congreso durante 2025. Asimismo, mantiene la petición de que las indemnizaciones otorgadas a las víctimas de abusos sean exentas de impuestos.
Fuentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE) han destacado que esta demanda formó parte del acuerdo firmado con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el pasado 8 de enero, estableciendo una nueva vía a través de la oficina del Defensor del Pueblo para la reparación de víctimas de abusos sexuales en ámbitos eclesiásticos cuando no sea posible recurrir a la vía judicial.
Acuerdo para la reparación de víctimas
Desde la CEE recuerdan que mantienen la solicitud para que las reparaciones económicas ya abonadas a las víctimas por la Iglesia estén libres de cargas fiscales, situación que actualmente solo se ha conseguido en Navarra. También recalcan la importancia de evitar duplicidades en la gestión de casos, asegurando que no existan enredos ni acuerdos paralelos sobre un mismo asunto.
La Iglesia aclara que el Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (PRIVA) no posee un carácter legal, sino que se trata de un compromiso moral para acoger y asistir a aquellos afectados que no hayan podido acceder a la justicia. Este mecanismo permanece operativo e incluye reparaciones económicas que superan las disposiciones de sentencias civiles, junto con acompañamiento y apoyo integral.
Plazos y condiciones del convenio
El acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno debía firmarse en febrero, conforme a lo pactado el 8 de enero entre la CEE, la Conferencia Española de Religiosos y el Ejecutivo, para establecer un sistema mixto que facilite la reparación de víctimas de abusos en el entorno eclesial.
Dicho pacto establecía que una vez formalizado el convenio de colaboración entre la Iglesia, el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, comenzaría a contar un plazo inicial de un año, prorrogable a dos años, para que las víctimas presenten sus solicitudes de indemnización.
El acuerdo, firmado por el ministro Félix Bolaños, el presidente de la CEE, Luis Argüello, y el presidente de CONFER, Jesús Díaz Sariego, también señala que este convenio debe contar con la participación de las víctimas y definir su estatuto básico, incluyendo procedimientos para el reconocimiento de su condición y modalidades diversas de reparación, como restaurativas, simbólicas, psicológicas y morales.
Reparación en distintos ámbitos
El desarrollo de este mecanismo se enmarca dentro del compromiso del Gobierno para cumplir con la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), abordando la reparación integral de víctimas en cualquier ámbito social.
La Conferencia Episcopal Española interpreta que el Ejecutivo ha asumido el compromiso de rehabilitación integral para víctimas en diversos ámbitos de la sociedad, según lo solicitado por la Iglesia. No obstante, el ministro Félix Bolaños ha puntualizado que este acuerdo se limita exclusivamente a las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica y no implica compromisos adicionales fuera de este marco.
Por último, la CEE y CONFER continuarán operando su propio sistema de reparación mediante la comisión asesora del PRIVA, organismo que entró en funcionamiento en 2024.