Interior deja sin pagar 76 millones a comunidades por atención sanitaria en prisiones
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias acumula una deuda de 76,3 millones de euros en concepto de gastos sanitarios generados por la atención médica a los presos desde 2018. Desde entonces, ha pagado 121,4 millones en total.
La Comunidad de Madrid lidera la lista con 27,2 millones pendientes, lo que representa el 35% del monto total adeudado, aunque desde hace cinco años ya ha recibido 21 millones por estos servicios, según un informe parlamentario al que ha tenido acceso Europa Press.
Andalucía aparece en segundo lugar, con 14,8 millones aún sin pagar, tras haber recibido 9,9 millones. Otras regiones con deudas significativas, pero a menor escala, son Baleares (7,2 millones), Aragón (6,6 millones), Canarias (5,5 millones), Castilla y León (4,5 millones) y Galicia (3,4 millones).
Avance en la transferencia de servicios
El Ministerio del Interior apunta que es un "objetivo estratégico" el avance en la cesión de competencias en sanidad penitenciaria, según establece la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
Hasta ahora, esta transferencia se ha concretado en el País Vasco (2011), Navarra (2021) y Cataluña, esta última antes de la entrada en vigor de la mencionada norma, que obliga a integrar los servicios sanitarios penitenciarios dentro del Sistema Nacional de Salud y a delegar estas funciones a las comunidades autónomas.
Este dato fue facilitado por el Gobierno en respuesta escrita al PP, que solicitó información sobre los pagos realizados y las deudas pendientes por la atención médica a los presos desde 2018.
Convenios para mejorar la asistencia sanitaria
Mientras no se complete esta transferencia, Instituciones Penitenciarias realiza esfuerzos significativos para garantizar la asistencia sanitaria a los internos.
Se han firmado acuerdos con varias comunidades autónomas para mejorar la atención sanitaria, facilitar la interoperabilidad de la Historia Clínica Digital y avanzar en telemedicina.
Gracias a estos convenios, los profesionales médicos de los centros penitenciarios pueden acceder a la información clínica pública, tanto de atención primaria como especializada, de las personas privadas de libertad que se encuentran actualmente en prisión.