Sentencia pendiente en el juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama con exministro detenido y testigos que no declaran
El Tribunal Supremo dio por concluido el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, quienes enfrentan fuertes peticiones de prisión. La causa, que contó con 14 sesiones y más de 70 testigos, incluyó a varios que optaron por guardar silencio debido a su imputación en la Audiencia Nacional dentro del 'caso Koldo'.
Durante las audiencias, se interrogó a allegados de los tres acusados para esclarecer su relación con los hechos bajo investigación, ante el tribunal presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta. El proceso se extendió por más de un mes, con la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones populares representadas por el PP y las defensas, centrando el debate en la compra de mascarillas, la supuesta creación de una organización criminal y la contratación de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, en entidades públicas.
La Fiscalía solicitó 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo, acusándolos de pertenecer a una organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Para Aldama pidió una condena de siete años por cohecho, tráfico de influencias y aprovechamiento de información privilegiada, señalando además la atenuante de confesión, dado que él admitió los hechos en su declaración. Por su parte, el PP reclama 30 años para el exministro y su asesor, y cinco años y dos meses para el empresario.
- ¿Una organización criminal?: "Quien paga manda"
- El rastro del dinero
- La compra de mascarillas
- El piso y la contratación de Jéssica
¿Una organización criminal?: "Quien paga manda"
Uno de los temas centrales del juicio fue la posible existencia de una organización criminal y si ésta estuvo liderada por el exministro para cometer los delitos que se juzgan. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, afirmó que los acusados conformaron una "verdadera organización criminal", aunque aclaró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no era el número uno", contradiciendo la versión aportada por Aldama.
Luzón remarcó que Ábalos era considerado jefe tanto por sus coacusados como por el entorno de Aldama. Destacó además la declaración del teniente coronel de la UCO Antonio Balas, quien señaló que "quien paga, manda", siendo Aldama la persona que pagaba y exigía.
Las defensas de Ábalos y Koldo negaron que existiera organización criminal alguna. Por su parte, el abogado de Aldama sostuvo que la estructura no era vertical, sino transversal, e insinuó la posible implicación de otros dirigentes como Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE imputado en la Audiencia Nacional.
El rastro del dinero
Aldama declaró que entregaba 10.000 euros mensuales a Ábalos y Koldo, dinero procedente presuntamente de las adjudicaciones irregulares en obras públicas desde el Ministerio de Transportes. Explicó que la mecánica consistía en recibir pagos en efectivo de las empresas para luego entregar ese dinero tanto en el Ministerio como en la vivienda de Ábalos en El Viso, describiendo esta actividad como habitual debido a la sucesión continua de licitaciones.
Ábalos y Koldo negaron haber recibido esos pagos y aportaron explicaciones alternativas respecto al crecimiento de su patrimonio. Koldo dijo manejar dinero en efectivo para gastos relacionados con su labor en el Ministerio y en la Secretaría de Organización del PSOE, aclarando que adelantaba dinero que luego se le reembolsaba en efectivo, incluyendo gastos personales de Ábalos.
El exministro rechazó la imputación de la UCO sobre 94.000 euros sin declarar durante una década. Señaló que sus cálculos indicaban una cantidad mucho menor y afirmó que "si hubiera dinero, aflora". Además, en su última intervención negó cualquier mordida, irónicamente criticando la cifra de 10.000 euros mensuales como demasiado baja.
La compra de mascarillas
La adquisición de mascarillas por parte de entidades vinculadas al Ministerio de Transportes a través de Soluciones de Gestión, empresa relacionada con Aldama, fue otro punto delicado en el juicio. El debate giró en torno a dos aspectos principales: el presunto cobro de mordidas y el aumento del pedido de cuatro a ocho millones de unidades.
Según Koldo, Aldama le aseguró poder facilitar material sanitario durante el estado de alarma, aunque negó que hubiera mencionado que pertenecía a Soluciones de Gestión o que hubiera cobrado por esos contratos. Afirmó que sólo intentó ayudar en la medida de sus posibilidades y en respuesta a las solicitudes que recibió.
Tanto él como Ábalos negaron recibir pagos para favorecer que Soluciones de Gestión resultara adjudicataria del contrato. Los funcionarios del Ministerio explicaron que el aumento del pedido fue una decisión técnica basada en un estudio de necesidades. No obstante, las auditoras internas señalaron que en apenas 13 minutos se duplicó la cantidad de mascarillas y que el secretario general de Puertos estaba al tanto del cambio.
Aldama justificó la compra de ocho millones de mascarillas por la dificultad de adquisición en China. Relató que el entonces secretario general de Puertos, Álvaro Sánchez Manzanares, expresó su sorpresa y preocupación, pero que la decisión ya estaba tomada y gestionada sin una comunicación directa con su "presidente".
El piso y la contratación de Jéssica
Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, residió durante unos dos años en un piso en el centro de Madrid cuyo alquiler corría a cargo de un socio de Aldama, interpretado como un regalo del empresario para los implicados. Ábalos y Koldo aseguraron haber conocido a la mujer gracias a Aldama, pero esta versión fue negada tanto por el empresario como por Jéssica, lo que llevó al exministro a insinuar que su expareja pudo haber sido coaccionada.
Ábalos intervino para facilitar la incorporación de Jéssica en empresas públicas. Su currículum fue enviado a Isabel Pardo de Vera, en aquel momento presidenta de Adif, quien remitió la documentación a Ineco. Pardo de Vera aseguró que no hubo presiones para la contratación, pero ordenó no renovar el contrato al conocer la relación personal con Ábalos, calificándola como un "conflicto de interés claro".
El exministro defendió sus años en el cargo argumentando que sólo se le puede reprochar la contratación temporal de dos mujeres, Jéssica y Claudia Montes, y minimizó la situación, justificando la vinculación con su expareja entre esas contrataciones.