Entra en vigor la Ley de Vivienda de Andalucía
La Ley de Vivienda de Andalucía ha entrado hoy en vigor con una orientación centrada en aumentar la disponibilidad de vivienda protegida y de precio asequible. El Ejecutivo de Juanma Moreno impulsa una norma que combina más construcción de VPO y más rehabilitación con medidas de suelo, menos trámites y refuerzo de la seguridad jurídica.
El texto incorpora actuaciones para acelerar proyectos residenciales y, a la vez, contempla herramientas de apoyo a los propietarios ante situaciones como la ocupación ilegal, un fenómeno descrito como al alza. La norma también plantea mecanismos de coordinación y planificación dentro del marco competencial autonómico.
En el plano administrativo, la ley pretende reducir burocracia y ordenar el marco legal existente, con la derogación de varias normas autonómicas anteriores, según lo previsto en su articulado.
- Entrada en vigor y ejes de la norma
- Más VPO y zonas prioritarias para acceso a la vivienda
- Colaboración público-privada y gestión del parque público
- Rehabilitación, calidad y eficiencia de los inmuebles
- Ocupación ilegal, sobreocupación y coordinación en desahucios
- Medidas del decreto-ley, adhesión municipal y bolsa de suelos
- Marco estatal, derogaciones y hoja de ruta desde 2019
- Presupuesto reciente e incentivos para el acceso a la vivienda
Entrada en vigor y ejes de la norma
Con su entrada en vigor, la Ley de Vivienda de Andalucía se presenta como una norma orientada a incrementar la oferta de viviendas protegidas y a precio asequible. El planteamiento se apoya en cuatro líneas: más VPO y rehabilitación, mayor disponibilidad de suelo, reducción de trámites en proyectos residenciales y más seguridad jurídica para los propietarios.
La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha señalado que la norma “nace del diálogo y para mejorar la vida de los andaluces”. También ha indicado que la Ley de Vivienda de Andalucía viene a “apuntalar toda la planificación que se ha hecho desde 2019 en materia de vivienda por parte del Gobierno de Juanma Moreno”.
Según los datos expuestos, Andalucía ha logrado multiplicar por cuatro el número de viviendas protegidas en los últimos seis años. Además, se sitúa como la comunidad autónoma donde más vivienda, libre y protegida, se ha iniciado en 2025, a diferencia del resto de España.
Más VPO y zonas prioritarias para acceso a la vivienda
Uno de los objetivos explícitos de la ley es acelerar el crecimiento de la vivienda protegida. Para ello, se prevé la creación de áreas prioritarias, definidas como zonas con mayores dificultades de acceso a la vivienda.
En esos ámbitos, la administración concentrará recursos mediante ayudas al alquiler, ayudas a la compra e incentivos tanto para levantar nueva vivienda como para impulsar la rehabilitación. El enfoque se vincula a la necesidad de aumentar la oferta en los puntos con mayor presión de demanda.
Colaboración público-privada y gestión del parque público
La norma incorpora la colaboración público-privada en distintas modalidades con el objetivo de sumar capacidad de actuación y ampliar el parque a precio asequible. En este marco, se contempla la puesta en marcha de una comisión andaluza de colaboración público-privada.
La comisión tendrá la finalidad de identificar nuevas fórmulas que se añadan a iniciativas ya activas, como el sistema de permuta de suelo por vivienda o el desarrollo y la urbanización de suelos.
De forma paralela, la ley plantea equilibrar la oferta en venta y alquiler y ordenar los distintos usos de la vivienda, defendiendo el uso residencial habitual y permanente. También prevé optimizar la gestión del parque residencial mediante un inventario único de viviendas públicas de la Junta de Andalucía.
Rehabilitación, calidad y eficiencia de los inmuebles
El texto legal da un papel destacado a la rehabilitación, con medidas orientadas a facilitar la reconstrucción de barriadas y a actuar contra la infravivienda. Estas iniciativas se encuadran bajo criterios de sostenibilidad social, medioambiental y económica.
En el articulado se incluyen mejoras vinculadas a la calidad de los inmuebles y a la eficiencia energética e hídrica. Además, se prevé la constitución de una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía para impulsar, entre otros aspectos, la industrialización en la construcción de viviendas.
Ocupación ilegal, sobreocupación y coordinación en desahucios
La ley incorpora previsiones destinadas a garantizar el buen uso del parque residencial, con referencias a evitar la ocupación ilegal y la sobreocupación. En este apartado también se contempla la protección de los más vulnerables dentro del marco de competencias.
En esa línea, se constituirá una Comisión de Coordinación en materia de desahucios y la lucha contra la ocupación ilegal. Este órgano contará con mecanismos de asesoramiento e información en desahucios y ocupación, e incluirá representación de las Consejerías implicadas (inclusión social, justicia, política interior) y de otros organismos públicos de carácter estatal y regional.
Medidas del decreto-ley, adhesión municipal y bolsa de suelos
La norma integra varias medidas urgentes del Decreto-ley ya vigente, con la excepción de las que tenían carácter temporal (cinco años). Entre esas medidas temporales se encontraba la posibilidad de elevar densidad y edificabilidad en parcelas si existía el compromiso de destinarlas a vivienda protegida.
Al Decreto-ley se han adherido ya más de 80 municipios andaluces, que representan a cinco millones de andaluces. Según lo indicado, estos municipios se ubican en las zonas donde se detecta una mayor demanda de viviendas.
La ley mantendrá el trabajo sobre la bolsa de suelos para vivienda protegida con la suma de nuevos municipios. Hasta el momento, esta medida ha permitido aflorar parcelas con capacidad para más de 40.000 viviendas protegidas en los 13 municipios de más de 100.000 habitantes.
Marco estatal, derogaciones y hoja de ruta desde 2019
Con la entrada en vigor de esta norma, Andalucía pasa a ser la primera comunidad autónoma en aprobar una ley completa y renovada tras la normativa estatal, que lleva dos años y medio en vigor. Según ha indicado la consejera, la finalidad incluye contrarrestar efectos atribuidos a la Ley Estatal de Vivienda, como la subida de precios, la caída de la oferta, la incertidumbre jurídica del propietario o el aumento de la ocupación.
En materia de ordenación normativa, la ley busca simplificar la tramitación y corregir la dispersión existente mediante la derogación de cuatro textos: la Ley de la Vivienda Protegida en Andalucía de 2005; la Ley del Derecho a la Vivienda de 2010; la Ley de Función Social de la Vivienda de 2013; y la Ley de Tanteo y Retracto de 2018.
La Ley de Vivienda de Andalucía se enmarca como el paso más reciente dentro de un recorrido iniciado en 2019 por el Gobierno andaluz, orientado a reactivar la promoción de vivienda protegida y a ampliar la oferta a precio asequible.
Presupuesto reciente e incentivos para el acceso a la vivienda
Desde hace siete años, la Junta de Andalucía ha desarrollado actuaciones como un plan de vivienda a diez años y el Plan Vive En Andalucía, descrito como un estímulo a la oferta con medidas inéditas en la comunidad, entre ellas ayudas a promotores públicos y privados. A este marco se suma una nueva Ley del Suelo (LISTA), planteada para agilizar trámites y burocracia.
También se recoge un paquete fiscal con 460 millones de euros en incentivos para el acceso a la vivienda, con medidas como el Garantía Vivienda Andalucía, el aval hipotecario de la Junta para la compra de la primera vivienda, del que se han beneficiado 2.365 familias andaluzas.
En paralelo, se ha incrementado año a año el presupuesto en vivienda hasta situarlo en 740 millones de euros, un 40% más que en 2025 y un 180% más que en 2018. En los mismos términos, se indica que el presupuesto de vivienda se ha multiplicado casi por tres desde el último año de gobierno socialista.
