Aceptadas las primeras 15 indemnizaciones por represión tardofranquista
El Gobierno ha iniciado el análisis de aproximadamente cincuenta solicitudes para reparar e indemnizar a personas que fueron asesinadas o sufrieron graves heridas debido a la represión franquista entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978. Hasta ahora, ha aprobado una quincena de estas peticiones, según informó Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
Esta información fue presentada durante el Pleno del Congreso, en el marco del debate para convalidar un decreto ley que modifica la Ley de Memoria Democrática. La reforma amplía el ámbito temporal de la ley hasta el 29 de diciembre de 1978, día en que entró en vigor la Constitución, para incluir a las víctimas de dicho periodo.
La comisión encargada de evaluar las solicitudes ha recibido unas 50, de las cuales ha estudiado 18 y aprobado 15. Entre los casos reconocidos está el de Manuel José García Caparrós, un joven de 18 años que fue asesinado el 4 de diciembre de 1977 durante una manifestación en Málaga en defensa de la autonomía andaluza.
Otras víctimas además de Caparrós
Además, se otorgará una indemnización a los familiares de Víctor Manuel Pérez, quien perdió la vida en Portugalete (Vizcaya) a los 23 años tras recibir dos disparos por la espalda mientras repartía octavillas durante una huelga. También se ha reconocido el caso de Amador Rey, que falleció en marzo de 1972 dejando viuda y tres hijos tras ser asesinado junto a su compañero Daniel por la policía franquista durante una huelga en Ferrol (Coruña).
La familia de Ángel Almazán también recibirá indemnización. Este murió en 1976 después de varios días hospitalizado debido a los golpes recibidos por parte de agentes policiales tras una manifestación. De igual manera, se ha aprobado la solicitud relativa a Juan Gabriel Rodrigo Nafo, fallecido en marzo de 1976 como consecuencia de la represión policial durante protestas obreras en Tarragona.
Otro caso destacado es el de Francisco Javier Nuñez Fernández, quien al regresar de misa con su hija de tres años se topó con la represión policial en Bilbao contra una manifestación por la amnistía. Aunque logró dejar a la niña en su casa, fue agredido severamente por la policía. Al día siguiente, cuando intentó denunciar la agresión, fue torturado, obligado a ingerir aceite de ricino y coñac, y murió 13 días después en el hospital. Estos hechos fueron relatados por el ministro ante la presencia de la viuda y la hija de Nuñez Fernández en el Congreso.