Violencia de género en 2025: pulseras fallan y juzgados "sobrecargados"
Madrid, 28 (Europa Press). El 2025 ha sido un año movido en la agenda contra la violencia machista: nuevas competencias judiciales, renovación del Pacto de Estado y un anteproyecto centrado en la violencia vicaria. Todo ello con un objetivo claro: reforzar la respuesta institucional y la protección de las víctimas.
Pero, como en toda temporada con giros de guion, también hubo capítulos incómodos. Uno de los más comentados fue el de las pulseras telemáticas para maltratadores, con fallos técnicos que acabaron en el foco público y político.
En paralelo, los cambios en los juzgados especializados llegaron con promesa de más cobertura, aunque con avisos de saturación. Y, mirando al calendario, 2026 aparece con tareas pendientes que aún no tienen el “check” definitivo.
- Pulseras telemáticas: cuando la tecnología se complica
- Pacto de Estado renovado: medidas y ritmo de ejecución
- Violencia vicaria: el anteproyecto que cambia el mapa penal
- Juzgados de violencia: nuevas competencias, más presión
- Retos que asoman en 2026: trata, prostitución y violencia económica
Pulseras telemáticas: cuando la tecnología se complica
En 2025, la Fiscalía del Estado avisó en su memoria (referida a 2024) de absoluciones vinculadas a fallos en el Sistema Cometa, responsable del funcionamiento de las pulseras telemáticas para maltratadores. El aviso puso el foco en un elemento clave: cuando un sistema de control falla, el impacto no se queda en lo técnico, también se traslada a lo judicial.
Desde el Ministerio de Igualdad se explicó en septiembre que las “incidencias técnicas puntuales” se produjeron por la migración de datos coincidiendo con un cambio de adjudicatario del servicio. Según esa versión, los problemas quedaron “solventados”.
El departamento dirigido por Ana Redondo defendió además que la memoria de la Fiscalía de 2025 recoge datos de 2024 y que se redacta con mucha antelación. También sostuvo que el problema quedó resuelto a finales de 2024 y que, ya en 2025, no se registró ninguna incidencia.
En varias ocasiones, Igualdad insistió en una idea central: las víctimas siempre estuvieron protegidas. Tras lo ocurrido, Redondo encargó una auditoría externa y otra interna para aclarar qué pasó y por qué.
Sin embargo, el año todavía guardaba otra escena inesperada. En noviembre, el sistema sufrió una nueva incidencia que llevó a activar el protocolo de protección de las víctimas usuarias. Tras valorar opciones técnicas, se indicó que el origen estaba en un enrutador que reparte mensajes hacia distintas plataformas según el tipo de alerta.
Pacto de Estado renovado: medidas y ritmo de ejecución
En febrero, el Congreso aprobó la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con respaldo de todos los grupos salvo Vox. El texto renovado reúne 461 medidas, y se ha iniciado la ejecución de 235.
El dato deja una doble lectura. Por un lado, hay una hoja de ruta amplia y detallada. Por otro, el propio volumen de medidas marca el reto: convertir una lista larga en acciones sostenidas, coordinadas y medibles.
Violencia vicaria: el anteproyecto que cambia el mapa penal
Entre las medidas destacadas del Pacto figura el Anteproyecto de Ley Orgánica de violencia vicaria, aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre. El texto plantea tipificar la violencia vicaria como delito autónomo, con agravante de género, y prevé penas de hasta tres años de prisión.
Además, se incorpora al Código Penal una nueva pena: la prohibición de publicar o difundir mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que tengan relación directa con el delito cometido. La medida busca cortar la extensión del daño más allá del hecho delictivo, evitando que la difusión se convierta en una segunda agresión.
Juzgados de violencia: nuevas competencias, más presión
Otro de los grandes cambios de 2025 llegó por la vía judicial. A partir de octubre, los Juzgados y secciones de Violencia sobre la Mujer pasaron a asumir también delitos contra la libertad sexual o trata de seres humanos cuando la víctima sea mujer. Hasta entonces, su ámbito se centraba en la violencia de género ejercida por hombres contra parejas o exparejas.
La ampliación se apoyó en la entrada en vigor del precepto incluido en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Con ello se da cumplimiento a lo previsto en el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014 y por la Unión Europea en 2023, que impulsa la prevención, persecución y erradicación de la violencia contra las mujeres, y defiende la especialización judicial para estos casos.
Para absorber el aumento de trabajo (un 12,9% de media, según el Consejo General del Poder Judicial), el Gobierno aprobó el 3 de junio la creación de 50 plazas judiciales, lo que supone un incremento del 42% en la plantilla de jueces de violencia.
La asunción de nuevas competencias llegó después de advertencias de “colapso” por parte de jueces, que consideraban la carga “inasumible”. Magistrados especializados alertaron en distintas ocasiones sobre posibles “nefastas consecuencias” derivadas de la ampliación.
Entre los avisos, se destacó que la reforma podía añadir una sobrecarga del 20% a juzgados ya saturados, sin medios suficientes ni refuerzos. También se señaló un problema de tiempos: la nueva competencia entraría en vigor el 3 de octubre de 2025, tres meses antes de que los Tribunales de Instancia estuvieran operativos. Y se advirtió de que una “reforma a coste cero” podía chocar con los compromisos del Convenio de Estambul y poner en riesgo la atención integral que merecen las víctimas.
En esa misma línea, se alertó de que la respuesta a las víctimas podría ser más lenta, menos cercana y más estandarizada, justo lo contrario de lo que se pretende con un sistema especializado.
Retos que asoman en 2026: trata, prostitución y violencia económica
De cara a 2026, el avance en violencia machista pasa por resolver retos legislativos y de implementación que siguen abiertos. Uno de los principales es sacar adelante una ley integral contra la trata. En diciembre, Ana Redondo explicó en un encuentro con medios que los problemas derivados de los contextos internacionales y de las “complejidades internacionales” están siendo los más difíciles y los que más tiempo están consumiendo.
Según se argumentó, se trata de un texto complejo porque aborda la trata no solo con fines de explotación sexual, sino todo tipo de trata. Eso obliga a perfilar un enfoque muy completo, transversal y, por tanto, más difícil de cerrar.
Otro debate con previsión de protagonismo es el de la abolición de la prostitución. El recorrido político se anticipa especialmente complicado: una ley abolicionista no aparece actualmente ni en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ni en el acuerdo de Gobierno con Sumar, lo que complica su tramitación en un Parlamento fragmentado.
También queda pendiente la tramitación y el desarrollo de una ley específica sobre violencia económica, orientada a ayudar a las mujeres a acceder a un “empleo digno” y a una solución habitacional. En el mismo encuentro, Redondo señaló que no es sencillo, en parte por las dificultades de coordinación con otros ministerios, ya que las políticas de igualdad son transversales. También indicó que es la última de las leyes en cartera y que “va a costar”.