Perjudicado en el caso ataúdes: quería ver la incineración y fue echado a empujones
Valladolid ha sido escenario este lunes de una nueva sesión del juicio conocido como 'caso ataúdes', donde, al igual que en la jornada previa, las declaraciones de los familiares afectados han estado marcadas por el dolor y la denuncia del presunto intercambio de féretros durante la cremación. José María R.C. expresó haber sido expulsado de manera brusca cuando intentó presenciar la incineración de su esposa.
Este hombre fue uno de los ocho testigos que comparecieron en la vista judicial relacionada con la 'Operación Ignis', todos ellos relatando momentos difíciles al despedir a sus seres queridos mediante los servicios del grupo funerario El Salvador, asignado a través de las compañías de seguros con las que contaban sus familiares fallecidos.
De manera general, todos los testigos indicaron que los sepulcros se realizaron en el tanatorio El Salvador desde 1999 hasta 2022 y que los cuerpos fueron llevados posteriormente al cementerio de Santovenia para la cremación, sin que a ninguno se le permitiera asistir al proceso final, ya que el personal cerraba las cortinas en esos momentos.
Los testimonios de los familiares
José María R.C. ofreció un relato especialmente emotivo, señalando que su intención no era enfrentarse a este juicio para no revivir la pérdida de su esposa, que falleció el 5 de enero de 2001. Recordó que ella sufría una enfermedad terminal desde su boda, pero logró vivir 17 años más, el último de los cuales permaneció hospitalizada.
Manifestó que cada quince días le llevaba flores, aunque su esposa le pedía que no le entregara más a la hora de su muerte. Tras el deceso, un familiar de ella llevó un ramo con doce rosas al tanatorio, y él mismo contrató el ataúd más caro, que luego fue trasladado al crematorio de Santovenia.
No obstante, denunció que no pudo ver la cremación y que fue forzado a salir del lugar, una experiencia que lo marcó profundamente y que prefirió no compartir con su familia para evitarles más dolor.
Detalles específicos del caso
José María también relató que recogió la urna con las cenizas el día siguiente a la cremación, que coincidió con el Día de Reyes, y comprobó que aún estaba caliente, situación que le generó desconcierto dado que suponía que la incineración se había producido el día anterior.
Otros afectados aportaron experiencias parecidas. María de los Ángeles A., quien perdió a sus padres en 1999 y 2012, afirmó que tampoco asistió a la cremación porque las cortinas se cerraban, lo que facilitaba el supuesto intercambio de ataúdes.
Para ella, la sensación fue la de que la dignidad de sus seres queridos había sido robada, y señaló la gravedad de que existieran fotografías de ese momento. Carlos V., otro testigo, utilizó dichos servicios para despedir a su padre y se enteró del escándalo a través de los medios.
María Soledad C., que perdió a sus padres en 2000 y 2012, añadió que su progenitor fue incinerado en el tanatorio El Salvador, aunque luego descubrió que el horno no estaba operativo, obligando a realizar el proceso en el cementerio de Santovenia.
También destacó el impacto emocional al enterarse de la estafa y ver imágenes de su padre en un listado y en fotografías, donde aparecía "tirado en el suelo en una postura imposible".
Desarrollo del juicio
Otros testimonios como el de Carmen del V., José L.L., Ana Isabel N. y María Henar S. mostraron relatos similares de dolor y sorpresa ante la falta de respeto hacia sus familiares fallecidos.
María Henar recordó que, pese a la gran tristeza por la enfermedad y muerte de su padre, decidió participar en el juicio luego de ser contactada por la Policía por la claridad de su caso, con esperanza de hacer justicia contra los implicados.
El proceso continúa con la intervención de varios familiares afectados. El Ministerio Fiscal mantiene acusaciones contra 23 personas, incluyendo a familiares del fundador del grupo funerario y empleados, solicitando penas por delitos relacionados con organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, falta de respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Como responsables civiles subsidiarios están señaladas las empresas Agencia Funeraria Castellana S.A. y Parque El Salvador S.L., implicadas en el caso.