Tras un periodo de tiempo bastante largo, parece que la lay trans está más cerca de ver resuelto el principal desencuentro que lleva meses bloqueando la puesta en marcha.
El Ministerio de Igualdad y el de Justicia han acordado que las personas trans puedan modificar su sexo en el registro con su decisión solamente, y sin necesidad de testigos o pruebas que lo verifiquen. Esto de la autodeterminación de género ha sido escollo central de una negociación que el Ejecutivo quiere cerrar antes del Orgullo LGTBI, el 28 de junio.
Tras el pacto entre Igualdad y Justicia, se cuenta que Vicepresidencia Primera de Carmen Calvo se ha visto obligada a aceptar la autodeterminación de género a pesar de llevar meses oponiéndose a esta idea. El acuerdo establece que las personas trans que quiera modificar su género en el registro deben solicitarlo por escrito y, en un plazo máximo de tres meses después, ratificar su decisión.
En el caso de cometer fraude, la persona trans debe demostrar que no lo es para no suspenderlo definitivamente. Pero el Ministerio de Igualdad dice que no se establece un procedimiento especial para la revisión de estas solicitudes.
Algunas fuentes atribuyen a la consecución de este acuerdo a "la buena sintonía de los equipos de Igualdad y Justicia", y excluyen de ese entendimiento a Calvo. Estas fuentes destacan que el texto "garantiza la despatologización y la libre determinación de género de las personas trans" aunque no está totalmente claro si llegará para la celebración del Orgullo, que es el 28 de junio.
Pero la norma no está cerrada, ya que los problemas que genera ahora son la parte de derechos LGTBI, que Igualdad aceptó en abril que se incluyera en la misma ley a petición de la Vicepresidencia Primera.
Algunas de las medidas que generan discrepancia son: la filiación de las mujeres lesbianas, las sanciones dentro del paquete de medidas antidiscriminatorias para las personas LGTBI o las referentes a la memoria del colectivo.
En las votaciones del mes pasado, PSOE se abstuvo y VOX y PP votaron en contra. Podemos votó a favor. Los socialistas sostuvieron que dicha propuesta contenía "deficiencias" y elementos de "dudosa constitucionalidad". Fuentes cercanas a la Vicepresidencia Primera, negaron que existiera el "bloqueo" alguno por parte de Calvo, que siempre ha insistido en que su departamento únicamente busca que la norma goce de "seguridad jurídica".
Sobre la ley trans, en el PSOE, no hay una opinión unitaria, pues fue el PSOE en Canarias los que consiguieron aprobar por unanimidad una ley impulsada por ellos mismos junto al resto de grupos del parlamento autonómico que deja claro en su primer artículo que es un "derecho" de los ciudadanos canarios "la libre autodeterminación de la identidad y expresión de género".
Calvo alerta de que la ley pone "en riesgo, evidentemente, los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles". "Son leyes que tienen que ser muy escrupulosas porque afectan a aspectos nucleares de los ciudadanos y con la seguridad jurídica suficiente para que los nuevos derechos no suponga ningún tipo de merma para los preexistentes", explicó la vicepresidente, declaraciones que generaron un choque con Unidas Podemos, que insinuó que Calvo estaba molesta porque la formación morada "esté en el Gobierno y, en concreto, en el Ministerio de Igualdad".
