Solicitan 2 años y 9 meses de prisión a un individuo en Córdoba por estafa y apropiación indebida
Córdoba, 17 (Europa Press).
La Fiscalía solicita una pena de dos años y nueve meses de prisión y una multa de 5.400 euros para un hombre acusado de estafa y apropiación indebida. El escrito atribuye al procesado haber engañado a otra persona en el marco de la adquisición de un local y haberse quedado con bienes y maquinaria que se encontraban en el interior, en la capital.
El juicio está previsto para la próxima semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, según la calificación del Ministerio Público.
- Petición de la Fiscalía y fecha del juicio
- Acuerdo verbal y entrega del local
- Aplazamiento del pago y actuaciones posteriores
Petición de la Fiscalía y fecha del juicio
El Ministerio Público interesa para el acusado una condena de dos años y nueve meses de cárcel, además de una multa de 5.400 euros, por delitos de estafa y apropiación indebida. La acusación se vincula a la supuesta operación de adquisición de un local y a la retención de bienes y maquinaria existentes en el mismo.
La vista se celebrará, de manera prevista, la próxima semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.
Acuerdo verbal y entrega del local
Según el relato fiscal, el procesado mantenía una comunicación habitual con el administrador de una entidad para la que actuaba como proveedor. En ese contexto, mostró interés por la gestión del local y, siempre conforme a la calificación, se habría valido de la confianza generada para pactar de palabra el traspaso.
El acuerdo contemplaba que la formalización del contrato se haría cuando estuviera preparada la documentación. Hasta entonces, se le habrían entregado las llaves del local y se le habría autorizado a ir gestionando el negocio. No obstante, el acusado habría ido aplazando de forma deliberada la firma del contrato.
Aplazamiento del pago y actuaciones posteriores
En relación con el pago, la Fiscalía expone que se habría pactado posponerlo, con el argumento de que era necesario un margen de tiempo para consolidar la gestión. Como garantía, se ofreció una finca registral, aunque, según el escrito, el procesado no tenía intención de entregar cantidad alguna.
Tras aceptarse la propuesta, el perjudicado habría entregado el negocio. Desde ese momento, el acusado habría pasado a gestionar y administrar el establecimiento, que se habría recibido con instalaciones, mobiliario, fondo de comercio, permisos administrativos y deudas con proveedores.
El fiscal añade que el procesado alegó que no quería comprar la empresa y que debía constituir la suya. También se comprometió a cambiar los contratos de suministro a su nombre y a asumir los costes y gastos de funcionamiento, mientras seguía demorando sin plazo la formalización del traspaso del local.
Por último, la calificación sostiene que el acusado abandonó el local tras prometer que cumpliría sus obligaciones, y que antes se apoderó de bienes y maquinaria, trasladando el mobiliario a otro establecimiento.
