El PP presenta en el Congreso un Plan para hacer frente al creciente uso de armas blancas

Archivo - La Guardia Civil de Albacete interviene cincuenta armas blancas prohibidas
  1. Plan contra armas blancas
  2. Sanciones por exhibición de armas
  3. Datos sobre amenazas con arma blanca

Plan contra armas blancas

El Partido Popular ha presentado en el Congreso una proposición no de ley que insta al Gobierno a crear con carácter urgente un plan integral para hacer frente al aumento en el uso de armas blancas. La propuesta incluye revisar y ampliar los tipos de armas prohibidas, actualizar la regulación sobre su compra y acceso, además de modificar el Código Penal para endurecer las sanciones relacionadas con su uso.

El objetivo principal es frenar la creciente incidencia de armas blancas empleadas en delitos violentos. Por ello, se plantea una revisión del artículo 4.1.f) del Reglamento de Armas, aprobado en 1993, para incluir más tipos de armas blancas prohibidas.

También se busca actualizar la legislación vigente que regula la adquisición y acceso a estas armas, aplicando medidas más rigurosas contra la venta irregular y fortaleciendo los controles tanto en distribuidores como en plataformas online, donde frecuentemente no se verifica la edad ni se garantiza la trazabilidad de los compradores.

Sanciones por exhibición de armas

Se plantea la modificación de los artículos 33, 35, 36, 37 y 39 de la Ley de Seguridad Ciudadana para que ciertas conductas relacionadas con portar, mostrar o utilizar armas prohibidas sean consideradas faltas muy graves. Esto incluye actos temerarios, negligentes o intimidatorios. Además, se propone establecer un aumento progresivo de sanciones para quienes reincidan en infracciones graves respecto a la tenencia y exhibición de armas blancas.

En el ámbito procesal, el PP propone ajustar los artículos 492 y 495 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para implementar normas más claras y estrictas sobre la detención de personas que exhiban armas blancas con intenciones intimidatorias.

En materia penal, se sugiere la modificación del artículo 148.4 del Código Penal para introducir la privación del derecho a poseer y portar armas en los casos previstos en dicho artículo. También se propone ampliar la pena de prisión establecida en el artículo 563 por tenencia de armas prohibidas, de uno a tres años a un rango de dos a cinco años, considerando además la reiteración en infracciones graves y el incumplimiento de sanciones como factores determinantes para responsabilidad penal.

Por otro lado, se plantea revisar la Ley Orgánica 5/2000, que regula la responsabilidad penal de menores, para adaptar las medidas y sanciones aplicables a menores infractores que utilicen armas blancas, así como las medidas cautelares correspondientes.

Datos sobre amenazas con arma blanca

En la exposición de motivos, el Grupo Popular señala que desde la pandemia ha habido un aumento exponencial de altercados y agresiones con armas blancas en toda España. Mientras antes las amenazas solían ser verbales, en la actualidad en el 41% de los casos se emplea un arma blanca.

Se destaca que en 2024 se alcanzó el récord de sanciones administrativas en la Comunidad de Madrid por portar armas blancas, con 4.251 multas, lo que supone un incremento del 60,8% respecto a 2017. En el conjunto nacional, las agresiones con arma blanca aumentaron un 35% en cuatro años.

La proposición también incluye datos sobre el aumento de decomisos y denuncias en Cataluña, así como el incremento de delitos graves y menos graves relacionados con lesiones y riñas tumultuarias en Madrid y su capital. Además, resalta la necesidad de clarificar la aplicación del artículo 495 de la Lecrim tras su modificación en 2024.

Se mencionan instrucciones del Ministerio del Interior y se apunta que, aunque existen protocolos, la normativa actual no resulta suficiente ni lo suficientemente clara.

Por último, se cita la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2025, que señala que en 2024 el arma blanca fue el método más utilizado en feminicidios, apareciendo en 17 casos (34%). Por ello, califican como urgente actuar con contundencia ante este problema debido a sus consecuencias para la vida e integridad de policías y ciudadanos.