PSOE solicita encarcelamiento provisional para el exsubsecretario de Interior con Rajoy
Solicitan prisión provisional en Operación Kitchen
El PSOE ha solicitado que se imponga prisión preventiva al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que estuvo en el cargo durante el Gobierno de Mariano Rajoy entre 2013 y 2016. Esta petición se basa en el riesgo de fuga detectado antes del juicio previsto para el 6 de abril, relacionado con la 'Operación Kitchen', un presunto operativo ilegal para obtener documentos del extesorero del PP, Luis Bárcenas.
La solicitud, presentada ante la Audiencia Nacional y a la que ha tenido acceso Europa Press, incluye también al comisario Andrés Gómez. El PSOE exige prisión preventiva para ambos con el fin de asegurar su presencia en el proceso judicial y garantizar tanto el desarrollo adecuado de la vista oral como la posible ejecución de una sentencia condenatoria.
Los socialistas destacan que no se ha examinado la situación económica de los acusados o que no se ha autorizado el acceso a esos datos, si es que existen. Indican que Martínez enfrenta cargos por delitos graves cuya pena supera los dos años de prisión, tales como malversación, organización criminal, violación de la intimidad, revelación de secretos y cohecho.
Además, señalan que Martínez tiene vínculos familiares frecuentes con México, país al que viaja habitualmente, lo que incrementaría el riesgo de fuga. Añaden que el exsecretario está imputado por su supuesta participación en una organización criminal responsable de ciberataques a bases de datos de la Administración Pública, por lo que ya estuvo en prisión preventiva hasta junio de 2025. También está siendo investigado en el caso 'policía patriótica', que afecta al partido Podemos.
El PSOE subraya la posible trayectoria delictiva de Martínez desde 2013 hasta 2025, fecha de su última detención. Además, alertan sobre la contradicción que implica que Martínez siga trabajando como funcionario público, específicamente como letrado de las Cortes, mientras enfrenta múltiples causas penales complejas, realiza frecuentes viajes internacionales y cubre elevados costos de defensa legal. Esto haría suponer que pudiera contar con ingresos no declarados o cuentas paralelas.
En lo que respecta al comisario Andrés Gómez Gordo, también acusado en el mismo juicio, se solicita prisión preventiva por riesgo de fuga. Esta situación se agrava debido a la inminente imposición de una pena de inhabilitación, que conllevaría la pérdida de su vínculo profesional con España y aumentaría la tentación de evadir la justicia.
Por último, el PSOE cuestiona cómo este comisario podría costear una defensa legal compleja solo con su sueldo público, apuntando a posibles fuentes de ingresos no aclaradas.