Rego celebra el indulto de "las seis de La Suiza" y defiende sus derechos

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, a su llegada a una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez y Feijóo se miden este miércoles en el Pleno del Congreso en plena escalada por la guerra d

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, expresó su satisfacción por el próximo indulto que se aprobará en el Consejo de Ministros para 'las seis de La Suiza', un grupo sindical compuesto por cinco mujeres y un hombre. Esta medida llega dos años después de su condena por participar en una protesta laboral en una pastelería de Gijón, defendiendo que nadie debería estar preso por resguardar derechos fundamentales.

En una publicación en la red social Bluesky, recogida por Europa Press, Rego afirmó que "defender los derechos de una trabajadora no es delito" y valoró positivamente la liberación del grupo sindical.

Además, la ministra destacó que el indulto representa un acto de justicia y respaldo a la libertad sindical. Confirmó que el Gobierno dará luz verde a esta decisión durante la reunión del Consejo de Ministros programada para el martes.

Rego concluyó reiterando que desde el inicio se mantuvo la postura de que ninguna persona debe permanecer encarcelada por preservar derechos fundamentales, y añadió que pronto esto será una realidad.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había anticipado en julio de 2025 que el Ejecutivo trabajaba para lograr el indulto de 'las seis de La Suiza' lo antes posible.

Díaz expresó en Bluesky que el sindicalismo no constituye delito y que defender los derechos laborales es motivo de orgullo. También agradeció a las organizaciones que han respaldado la inocencia del grupo durante meses de lucha por obtener esta medida.

El conflicto en la pastelería comenzó en 2017. El grupo fue condenado a tres años y medio de prisión por coacciones graves en protestas y piquetes sindicales frente al establecimiento, además de por obstrucción a la Administración de Justicia durante el conflicto laboral.

Tras la sentencia, las personas condenadas interpusieron recursos, pero el Tribunal Supremo ratificó la condena tras un proceso judicial que duró más de ocho años.