El Consejo define el futuro de la regularización extraordinaria de migrantes
En España, el real decreto que permitirá la regularización extraordinaria de medio millón de personas migrantes permanece a la espera del dictamen del Consejo de Estado. Este órgano cuenta con un plazo máximo de dos meses para emitir su opinión, aunque fuentes internas han señalado que no necesariamente agotará ese tiempo.
Una vez obtenida la validación del dictamen, el real decreto deberá ser aprobado formalmente en el Consejo de Ministros y después será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Ejecutivo prevé que el proceso de regularización permanezca vigente hasta el 30 de junio de 2026. La ministra y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que habrá suficiente tiempo para que todas las personas que cumplan los criterios puedan acogerse a este mecanismo. "Calendario previsto y mensaje de tranquilidad", subrayó en una entrevista para RNE, según recoge Europa Press.
Requisitos y plazos del proceso de regularización
El 27 de enero, el Consejo de Ministros aprobó iniciar el trámite urgente para esta regularización extraordinaria, fruto del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. El real decreto previsto modifica aspectos del Reglamento de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de extranjeros en España.
Este texto retoma el espíritu de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que en 2004 fue respaldada con más de 700.000 firmas y considerada en el Congreso por casi todos los partidos, excepto Vox. Sin embargo, esta iniciativa quedó paralizada.
El procedimiento está dirigido a personas extranjeras que residan en España antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan demostrar una estancia continua de al menos cinco meses. Para quienes han solicitado protección internacional, bastará con que la solicitud haya sido presentada antes de esa fecha y pueda acreditarse.
Otro requisito fundamental es no contar con antecedentes penales ni representar un riesgo para el orden público, según informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Se espera que las peticiones comiencen a recibirse a principios de abril, una vez concluidos los trámites necesarios para la aprobación definitiva del real decreto.