Sanidad afirma que no existe negocio turístico por atención a inmigrantes irregulares
El secretario general del Ministerio de Sanidad, Javier Padilla, ha negado que el Real Decreto que regula el acceso universal a la sanidad pública para inmigrantes en situación irregular provoque un 'efecto llamada' o fomente el 'turismo sanitario'. Este decreto exige acreditar la residencia efectiva en España junto con otros requisitos para acceder al Sistema Nacional de Salud (SNS).
Consultado por Europa Press sobre la posibilidad de que empresas nacionales o extranjeras aprovechen el nuevo Real Decreto para ofrecer paquetes turísticos sanitarios que incluyan vuelo, acceso al SNS y alojamiento, Padilla expresó que el Gobierno no puede garantizar que no existan intentos de fraude, pero subrayó que la exigencia de requisitos impide la consolidación de estos servicios turísticos.
Se requiere demostrar la residencia en España y otros aspectos para obtener la atención sanitaria, lo que elimina la posibilidad de un 'efecto llamada'. A diferencia de lo que circula en redes, la presentación de una simple declaración responsable no es suficiente para acceder al sistema, afirmó Padilla.
Según el artículo 2 del Real Decreto, los documentos válidos para acreditar la residencia incluyen la declaración responsable, un documento de identidad válido y pruebas de residencia habitual como empadronamiento, escolarización de hijos, informes de servicios sociales, facturas de suministros o documentos consulares.
Padilla añadió que el llamado 'turismo sanitario' nunca ha representado un problema significativo en España, especialmente en comparación con la narrativa que han promovido sectores de la derecha xenófoba.
Recordó que el Real Decreto-ley 16/2012, impulsado por el gobierno del Partido Popular, limitó el acceso universal al SNS expulsando a inmigrantes en situación irregular bajo la justificación del turismo sanitario, pero sin generar beneficios reales más allá de afectar a personas vulnerables.
Espero que las CCAA cumplan el RD
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, acusó a la ministra y líder de Más Madrid, Mónica García, de promover el "turismo sanitario" con esta medida. Además, criticó a Sanidad por no considerar el impacto económico directo en las comunidades autónomas y el aumento de población que demandará atención.
Padilla respondió a estas críticas recordando que el derecho a la atención sanitaria para estas personas ya debería estar garantizado por el Real Decreto-ley 7/2018, que el Gobierno de Sánchez aprobó para recuperar la sanidad universal, devolviendo el derecho a la protección y atención sanitaria financiada con fondos públicos.
Señaló que algunas comunidades autónomas introducían barreras administrativas para acreditar los requisitos que otorgan el derecho a la asistencia sanitaria, denegando el acceso a quienes deberían estar cubiertos.
En cuanto a la estimación del número de inmigrantes que ahora podrán acceder al sistema sanitario público, Padilla indicó que resulta complicado calcularlo con exactitud, especialmente en las comunidades que dificultaban el acceso de manera sistemática.
No obstante, aseguró que la aplicación de esta norma permitirá que todas las personas en situación irregular en España puedan recibir atención sanitaria. Tras el proceso de regularización llevado a cabo por el Gobierno, se podrá estimar cuántas personas quedarían sujetas al Real Decreto.
Por último, al ser consultado sobre la posibilidad de que alguna comunidad autónoma se niegue a aplicar la normativa, Padilla recordó que estas deben limitarse a cumplir el Real Decreto y manifestó su confianza en que no habrá ninguna que se declare insumisa a la legislación española.