Seis de cada diez personas mayores de 65 años con discapacidades graves no obtiene apoyo
- Atención a la dependencia en España
- Impacto económico y cuidados informales
- Propuestas para el fortalecimiento del SAAD
Atención a la dependencia en España
Un 63,1% de las personas mayores de 65 años con limitaciones severas en su vida diaria no recibe una atención adecuada por parte del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Si se consideran todas las personas mayores de 65 años con alguna limitación, este porcentaje aumenta hasta el 72,4%, según el informe 'El Derecho del Cuidado y la Economía de los Cuidados en España', publicado por la Universidad de Salamanca a través del Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE).
El informe, presentado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, indica además que, entre quienes sí acceden a los cuidados del sistema, un 28% considera que estos son insuficientes para cubrir sus necesidades. Este análisis forma parte del proyecto IBERLONGEVA, dentro del Programa Interreg VI-A España-Portugal -POCTEP- 2021-2027 de la Unión Europea.
El estudio evalúa si España garantiza efectivamente el derecho a recibir cuidados en situaciones de dependencia, envejecimiento o pérdida de autonomía. Para ello, examina el funcionamiento del SAAD, la adecuación de los apoyos públicos, la importancia de los cuidados informales y el impacto económico de potenciar las políticas de cuidados de larga duración.
Impacto económico y cuidados informales
Los codirectores del estudio, Nacho Álvarez y Jorge Uxó, destacan avances significativos en el SAAD, señalando que desde 2015 el llamado “limbo de la dependencia” se ha reducido en más del 70%. Sin embargo, advierten que la consolidación del sistema aún es incompleta, dado que el acceso medio al SAAD demora cerca de un año frente al plazo legal de seis meses. Estas demoras, junto con la insuficiente intensidad en algunos servicios y las desigualdades territoriales, impiden que el derecho reconocido se traduzca siempre en una atención efectiva.
El informe resalta que España ha desarrollado su Estado del Bienestar basado en tres pilares: sanidad, educación y pensiones, mientras que los cuidados de larga duración no han avanzado al mismo ritmo. Para renovar este Estado es imprescindible hacer efectivo el derecho al cuidado como un derecho exigible en la práctica, señala Nacho Álvarez.
En términos económicos, se estima que en 2023 cada euro invertido en prestaciones de dependencia generó aproximadamente 1,6 euros de impacto en el PIB. Cerca de la mitad del gasto inicial retorna a las administraciones públicas vía impuestos y cotizaciones, recuperándose en torno a 49 céntimos por euro invertido.
El informe también evidencia que el sistema español se sostiene en gran medida sobre cuidados informales, mayormente proporcionados en domicilios y asumidos principalmente por mujeres. Estos cuidados informales representan un valor económico equivalente al 3,6%-4,7% del PIB, aunque permanecen mayormente invisibilizados en las estadísticas oficiales.
Según Jorge Uxó, el cuidado informal equivale a aproximadamente 3,2 millones de empleos a tiempo completo y en las últimas dos décadas las horas dedicadas se han multiplicado por 2,5. Destaca la importancia de reconocer esta labor no solo como un gasto sino como una inversión estratégica para el país.
Propuestas para el fortalecimiento del SAAD
Para disminuir la brecha en la atención a la dependencia, el informe sugiere una estrategia basada en inversión sostenida, mayor coordinación entre administraciones, establecimiento de estándares comunes, fortalecimiento de la atención domiciliaria y comunitaria, profesionalización del sector y un modelo centrado en la persona.
De cara al año 2030, se estima que reforzar el SAAD requeriría aumentar la inversión en aproximadamente 0,6 puntos del PIB. Esta medida podría generar unos 430.000 nuevos empleos y un incremento en los ingresos públicos equivalente a 0,30 puntos del PIB.