Casi 80.000 euros: las costas que debe pagar García Ortiz tras el juicio
El Tribunal Supremo ha establecido en 79.942,70 euros las costas judiciales derivadas del proceso en que fue condenado el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En un documento al que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal detalla que los honorarios del abogado de González Amador ascienden a 64.778,78 euros, a los que se suman 13.603,32 euros por concepto de IVA y otros 1.560,38 euros correspondientes a los honorarios de la procuradora.
Es importante recordar que García Ortiz recibió una pena de dos años de inhabilitación especial para ejercer como fiscal general, además de una indemnización y multa de 17.200 euros —monto que fue cubierto por la Unión Progresista de Fiscales mediante una colecta—, así como la obligación de asumir los costes del proceso.
Detalle de los honorarios y justificación
El abogado de la pareja de Díaz Ayuso, Gabriel Rodríguez Ramos, presentó un escrito en defensa de su factura, al que también tuvo acceso esta agencia, en el que resalta la notable complejidad tanto en lo material como en lo procesal, factor que justifica la cuantía de sus honorarios.
Rodríguez Ramos subrayó que nunca antes un fiscal general del Estado había sido protagonista en la filtración de información reservada obtenida en el marco de su función jurisdiccional, sobre una persona vinculada a un representante público del partido contrario al Gobierno que lo nombró.
Además, citó el número plural de partes implicadas en el proceso, el aforamiento de García Ortiz, la supuesta destrucción de archivos y la postura de la Fiscalía, que apoyó la absolución del ex jefe.
Por ello, el letrado alertó sobre la ausencia de referencias claras y transparentes para determinar sus honorarios en la tasación de costas, añadiendo que ajustará sus valores atendiendo a criterios recomendados por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
Como ejemplo, Rodríguez Ramos indicó que cobra 250 euros por la preparación de cada interrogatorio —casi una veintena en total— y 750 euros por cada recurso de apelación presentado ante el tribunal.