Investigan posibles irregularidades en Quirón y Ribera Salud Madrid
El Tribunal de Cuentas ha anunciado que iniciará una investigación sobre posibles irregularidades en la gestión de los hospitales de la Comunidad de Madrid. Esta acción se produce tras la denuncia presentada por el PSOE ante esta institución fiscalizadora, en la que se señala una presunta condonación de más de 70 millones de euros a los grupos sanitarios privados Quirón y Ribera Salud.
La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal ha decidido abrir una pieza de Acción Pública, según se indica en un escrito del Departamento 3, fundamentándose en la información aportada por los socialistas. Contra esta resolución, el PSOE dispone de un plazo de cinco días para interponer recurso tras la notificación.
El documento solicita al PSOE, específicamente a su portavoz en la Asamblea, Mar Espinar, que detalle con precisión los supuestos casos de responsabilidad contable de la Comunidad de Madrid en relación con la intervención, administración, custodia o manejo de bienes, fondos o recursos públicos.
- Valoraciones del PSOE sobre la situación
- Denuncias sobre la contabilidad en los hospitales
- Respuesta de la Consejería de Sanidad
Valoraciones del PSOE sobre la situación
El PSOE ha confirmado su intención de personarse en esta investigación. Óscar López, líder del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, afirmó a su llegada al Congreso Aslan2026 en Ifema Madrid que mientras la presidenta Ayuso desmantela la sanidad pública madrileña, "está favoreciendo el negocio privado de unos pocos".
En sus declaraciones, López subrayó que "no vamos a parar de denunciar lo que está pasando con la sanidad en Madrid y lo que está pasando con un grupo de sanidad, con el Grupo Quirón, que está siendo clarísimamente beneficiado por la Comunidad de Madrid, donde ha habido revisión de cantidades, donde ha habido pagos, ha habido desvío incluso de dinero que era para la residencia madrileña, es a pagar deudas con Quirón".
Asimismo, aseguró que el PSOE procederá "hasta el final" tanto en el Tribunal de Cuentas como en la Justicia, en la Asamblea y "donde haga falta porque los madrileños tienen que saber lo que están haciendo con su dinero y con la sanidad pública".
Por otro lado, Mar Espinar destacó la importancia de que el Tribunal de Cuentas haya dado "un paso más para demostrar que puede haber responsabilidad contable" del Gobierno regional al "perdonar a estas empresas privadas 71,6 millones de euros sin justificar".
Denuncias sobre la contabilidad en los hospitales
El escrito presentado por el PSOE en febrero ante el Tribunal de Cuentas, al que tuvo acceso Europa Press, incorpora información de 'eldiario.es'. En ella se afirma que en el análisis de las Cuentas Generales de la Comunidad de Madrid en varios ejercicios "no aparece ninguna rúbrica que pueda identificarse como deudas de concesionarias por balance intercentros, saldos pendientes por libre elección, derechos no registrados, etc".
Desde el PSOE argumentan que si esos 71 millones hubieran constituido un "derecho contable", debería figurar en la Cuenta General, y creen que la ausencia de este dato representa "o un error o una ocultación".
Además, señalan que la Consejería de Sanidad es responsable de establecer con qué programas y sistemas ha de recopilarse la información para que los apuntes sean válidos en los balances intercentros. Sin embargo, afirman que no se ha logrado una estandarización en la gestión de datos entre los hospitales públicos.
Este desfase es la causa, según los socialistas, por la cual no se puede facturar a Quirón ni a Ribera Salud por los servicios prestados a pacientes procedentes de otros hospitales concesionados.
Por estas razones, el PSOE ha solicitado que se clarifique el saldo deudor o la falta de numerario o justificación en las cuentas, así como la existencia de posibles pérdidas para las entidades públicas, con el fin de iniciar, de ser necesario, la reparación presupuestaria relacionada con los gastos e ingresos públicos.
Respuesta de la Consejería de Sanidad
La Consejería de Sanidad respondió en febrero que el informe citado "no es un informe oficial, sino un documento interno de trabajo descontextualizado" y que su interpretación "no refleja la realidad asistencial ni económica". Según señalaron, los datos corresponden a un volcado preliminar que "no recoge todas las fuentes de información clínica disponibles".
Desde el departamento encabezado por Fátima Matute aclararon que "no existe falta de documentación", que la actividad clínica está "plenamente registrada y puede consultarse por múltiples vías —Horus, historia clínica electrónica, informes en papel y aplicaciones específicas—, que son las utilizadas habitualmente por los inspectores de la Consejería de Sanidad". Añadieron que "la trazabilidad está garantizada".