La UCO registra correos, libros y viajes en sede del PSOE por el caso Leire
El magistrado Santiago Pedraz, titular de la Audiencia Nacional y encargado de instruir el ‘caso Leire Díez’, ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que proceda a intervenir las cuentas de correo electrónico del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, así como de la actual gerente, Ana María Fuentes, entre otros implicados. Además, ha pedido realizar un análisis completo ‘in situ’ de los libros contables del partido y obtener el listado de accesos a la sede federal relacionados con Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset.
También se ha ordenado la investigación de las agendas y el control de los accesos vehiculares al estacionamiento subterráneo de la sede del PSOE en Ferraz, en Madrid. Asimismo, se ha requerido información detallada sobre todos los viajes, alojamientos y alquileres de vehículos gestionados por el partido, tanto de forma individual como conjunta, según se expone en el auto al que tuvo acceso Europa Press.
Estas medidas afectan a las direcciones de correo corporativas del PSOE vinculadas a Santos Cerdán, Ana María Fuentes, así como a otros cargos como Celia Rodríguez y el exresponsable de Comunicación, Ion Antolín. También incluye correos asociados a la gerencia del partido.
- Revisión correos electrónicos y estructura informática
- Control de accesos en la sede del PSOE
- Examen de libros contables y agenda institucional
- Documentación sobre contratos y autorizaciones
Revisión correos electrónicos y estructura informática
El juez ha ordenado que se recopile esta información desde 2021 hasta la fecha actual y que se realice de manera inmediata, incluyendo documentos y archivos electrónicos. En caso de que no se atienda esta solicitud, el magistrado ha autorizado la entrada y registro en la sede del PSOE en Ferraz.
Además, se requiere el volcado total de los contenidos de los buzones electrónicos relacionados, abarcando mensajes leídos y no leídos, incluyendo también aquellos buzones ya deshabilitados o inactivos. La UCO debe acceder a la estructura completa de carpetas y subcarpetas, con un informe detallado sobre los responsables de la estructura informática, tanto personal propio como externo, desde 2024 hasta el momento actual.
Control de accesos en la sede del PSOE
Se ha solicitado un detalle completo de las entradas a la sede federal, indicando fechas, horas, acompañantes y motivos de visita, referidos específicamente a Leire Díez y Javier Pérez Dolset. Esta solicitud se extiende a otras personas vinculadas, entre ellas, el empresario Joseba Antxón Alonso, los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, y varios agentes de la Guardia Civil relacionados con la UCO.
En cuanto al aparcamiento subterráneo, se quiere obtener el registro completo de los accesos de cuatro vehículos asociados a Leire Díez y Vicente Fernández, expresidente de SEPI. También se busca información precisa sobre viajes, hospedajes y alquileres de vehículos gestionados por el PSOE en favor de estas personas, tanto en solitario como en conjunto con otros.
Examen de libros contables y agenda institucional
En relación con la agenda institucional de Santos Cerdán, Pedraz requiere toda la información disponible, incluyendo documentos y archivos que evidencien su gestión, incluso aquellos elaborados o administrados por terceras personas dentro del partido.
Asimismo, se ordena un análisis completo ‘in situ’ de los libros contables correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, abarcando Libro Diario, Inventarios y Balances, y Libros Mayores. También se ha pedido un desglose detallado del procedimiento interno para la autorización y realización de pagos en esos años, identificando a todas las personas involucradas en dichos procesos.
Documentación sobre contratos y autorizaciones
Respecto a la relación del PSOE con los abogados Jacobo Teijelo, Ismael Oliver y el exvicepresidente Gaspar Zarrías, el juez ha solicitado los contratos firmados, justificantes de pago con las cantidades abonadas y la identificación de quienes en el partido autorizaron dichos acuerdos profesionales.
