López acusa a Ayuso de proteger al acusado y desamparar a la denunciante en el caso Móstoles

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López interviene durante la presentación del proyecto Centesimal
  1. Denuncias en el caso Móstoles
  2. Reacciones de la comunidad y contexto político

Denuncias en el caso Móstoles

Óscar López, ministro encargado de la Transformación Digital y la Función Pública y secretario general del PSOE-M, ha acusado a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de proteger al implicado y hostigar a la persona denunciante en el caso conocido como Móstoles. Durante sus declaraciones, López se refirió a Alfonso Serrano y Ana Millán, ambos dirigentes del PP en Madrid, con el apodo "Pili y Mili".

En el acto de clausura de la Conferencia Sectorial 'Feminismo es Igualdad', organizada por el PSOE en Alcorcón, López dirigió su crítica hacia Móstoles, señalando que el alcalde del PP, Manuel Bautista, permanece en el puesto a pesar de las acusaciones que pesan sobre él. Resaltó, además, que la presidenta de la Comunidad mantuvo estas denuncias por un periodo de dos años sin tomar medidas efectivas.

Reacciones de la comunidad y contexto político

Según afirmó López, Isabel Díaz Ayuso recibió entre cinco y seis correos electrónicos alertando sobre la situación, pero en lugar de iniciar una investigación, ordenó que se eliminaran dichos mensajes. Posteriormente, envió a Ana Millán y Alfonso Serrano para persuadir a la denunciante de que retirase la acusación.

El ministro también criticó la falta de apoyo de la presidenta hacia quienes denunciaron los hechos y, en cambio, señaló que ella respaldó al acusado. Declaró que "Madrid no merece una presidenta que defienda al acusado y acose a quien denuncia". Añadió irónicamente que existe una contradicción en lo que se promociona como una "tierra de libertad", donde incluso se llegó a interrumpir un acto feminista por parte de una concejala.

Finalmente, López reprochó a Ayuso su posición respecto al aborto. Indicó que, en pleno siglo XXI, la presidenta llegó a sugerir a las mujeres que viajaran a otras comunidades para interrumpir su embarazo, mientras no impulsa la creación de un registro de objetores de conciencia, una herramienta que protegería a los profesionales sanitarios.