La UE relaja criterios sobre países seguros para retornos pese al rechazo español
Revisan a la baja el reparto de reubicaciones de migrantes para el primer año de mecanismo de solidaridad
Los países de la Unión Europea han alcanzado este lunes un principio de acuerdo que flexibiliza los requisitos relativos a la designación de países terceros seguros y endurece las condiciones para la devolución de solicitantes de asilo a quienes se les niega protección internacional. Esta reforma, enmarcada en el proceso de negociación del renovado marco migratorio de la UE, elimina la obligatoriedad de demostrar un vínculo o "conexión" entre la persona migrante y el país al que es retornada. Además, valida el establecimiento de acuerdos bilaterales para externalizar la acogida, como el reciente intento de Italia en colaboración con Albania para gestionar solicitudes fuera del territorio comunitario.
Durante la reunión de ministros de Interior de la UE celebrada en Bruselas, el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresó públicamente la postura de España, que se opone a esta relajación de las reglas. Subrayó sus dudas sobre la eficacia de las nuevas disposiciones y señaló inquietudes acerca de su compatibilidad con el Derecho comunitario e internacional de Derechos Humanos. Grande-Marlaska también alertó del posible impacto negativo de esta reforma en la integridad del Pacto Migratorio europeo, señalando que la nueva definición de "país tercero seguro" podría afectar a los derechos y obligaciones de quienes solicitan protección internacional.
La posición acordada entre los Veintisiete refuerza la capacidad de los Estados miembro para negociar convenios bilaterales con países terceros con el fin de establecer en ellos centros de acogida. De esta manera, los migrantes que hayan visto rechazadas sus solicitudes de asilo, pero sigan pendientes de su deportación, podrán ser trasladados a estos centros antes de su eventual regreso definitivo a un país considerado seguro.
El pacto incorpora también sanciones más severas dirigidas a los migrantes que, sin derecho a permanecer en territorio comunitario, recurran o rechacen su deportación. Entre estas medidas se incluyen periodos de retención prolongados, retirada o disminución de subsidios, pérdida de permisos de trabajo e incluso, en casos graves, la posibilidad de pena de prisión. Además, se prevé ampliar las prohibiciones de reingreso a la UE, especialmente en situaciones en que la persona represente una amenaza para la seguridad, pudiendo convertirse en vetos indefinidos.
Respecto al concepto de "país tercero seguro", el acuerdo otorga a los Estados miembro mayor flexibilidad para expulsar a personas migrantes irregulares a terceros países, sin necesidad de justificar una relación personal o previa entre el migrante y el país receptor. Esta fórmula ha sido objeto de reserva por parte de delegaciones como la portuguesa y la francesa, que han manifestado inquietudes sobre las repercusiones políticas, sociales y constitucionales de su aplicación. No obstante, la iniciativa fue respaldada por una amplia mayoría, según confirmó el ministro danés, actual presidente de turno del Consejo.
En este contexto, los Estados miembro también han aprobado una primera lista común de países considerados terceros seguros a nivel de la UE, a la que se suman Marruecos, Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Túnez, Kosovo y, con matices, todos los países que ostentan la condición de candidatos a la adhesión europea. Aun así, se deja margen para que los Estados miembro puedan ampliar o restringir esta lista conforme a sus competencias nacionales.
Reparto de reubicaciones desde España y otros países
Entre los aspectos centrales de la reforma migratoria figura el mecanismo de solidaridad, previsto para activar un sistema de cuotas de reubicación de migrantes desde los países bajo mayor presión migratoria. Esta herramienta requerirá la plena entrada en vigor del Pacto migratorio, cuyo inicio está programado para junio, y determinará que España, Italia, Grecia y Chipre sean los primeros Estados en beneficiarse del apoyo de sus socios al encontrarse en la primera línea de la gestión migratoria.
Bruselas establece la posibilidad de reubicar hasta 30.000 migrantes durante el primer periodo, y permite que los Estados reacios a acogerlos participen ofreciendo medidas compensatorias de hasta 600.000 millones de euros. Sin embargo, el acuerdo finalmente refrendado por los gobiernos —con la abstención de España— limita el cupo a 21.000 reubicaciones como máximo, junto a eventuales compensaciones de hasta 420.000 millones de euros. Este modelo será de aplicación a partir de 2026, específicamente durante el segundo semestre, dado que el Pacto migratorio aún no estará plenamente operativo en la primera mitad del año.
Las cifras concretas sobre el reparto, dentro del marco decididamente restrictivo adoptado, no se harán públicas hasta la publicación oficial de los detalles antes de finales de 2025. Por ahora, se conoce el cupo total pero no se ha desvelado cuántos Estados aceptarán acoger migrantes ni cuántos optarán por el pago de compensaciones o la aplicación de medidas alternativas.
El ministro Grande-Marlaska ha mostrado su insatisfacción ante el acuerdo, destacando la incertidumbre en torno al número de reubicaciones que afectarán a España y los lugares de destino. Ha reiterado la crítica de que la solidaridad europea "no puede convertirse en un regateo" de cifras, incidiendo en la necesidad de preservar el espíritu y la finalidad del instrumento solidario previsto en el Pacto migratorio.