Asamblea venezolana aprueba ley de amnistía para liberar presos políticos
Este jueves, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó por unanimidad en su segundo debate el proyecto de ley de amnistía promovido por el Gobierno encargado. La sesión para ratificar la norma se había retrasado más de una semana debido a desacuerdos entre los diputados, lo cual generó críticas y huelgas tanto de sectores políticos como civiles que reclaman la liberación de numerosos presos políticos.
En los días previos a la votación, Diosdado Cabello, ministro del Interior, junto a la facción más radical del chavismo, advirtieron que la ley tendría límites, considerando que el indulto se concede a personas que han cometido delitos. Por otro lado, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, aseguró que "todos van a salir".
Acuerdos y limitaciones en la amnistía
Las negociaciones continuaron hasta los momentos previos a la aprobación. “Hoy, como ayer y durante los últimos días, se han dado debates, y hoy especialmente ha sido una jornada de discusión profunda”, comentó Jorge Rodríguez al iniciar la sesión, destacando la mayoría absoluta que posee el partido oficialista en la Asamblea Nacional.
Finalmente, la ley beneficiará a los presos políticos condenados en episodios correspondientes al periodo que va desde 1999 hasta 2026, pero dejará fuera a quienes participaron o promovieron acciones armadas contra la población, la soberanía y la integridad nacional. Esta exclusión afecta a 174 de los aproximadamente 600 presos políticos aún privados de libertad, especialmente aquellos acusados de rebelión.
El artículo 9 de la ley excluye también la amnistía para delitos como violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, y transgresiones recogidas en la legislación anticorrupción.
Los diputados respaldaron la amnistía para hechos y “faltas cometidas” en distintos momentos de crisis política, desde el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero en 2002-2003, hasta las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.
Después de firmar la ley para su publicación en la Gaceta Oficial y la pronta entrada en vigor, la presidenta interina de Venezuela pidió a la Asamblea que se dé “máxima celeridad” a la implementación de esta norma histórica. Rodríguez expresó estar "muy complacida" tras recibir a la comisión encargada de supervisar el cumplimiento de la amnistía en el palacio presidencial de Miraflores, en presencia de Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez.
Detalle de la ley de amnistía en Venezuela
La amnistía forma parte del “nuevo momento político” anunciado por Jorge Rodríguez desde que asumió la jefatura del Ejecutivo luego de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. Según la ONG Foro Penal, permanecen encarcelados 644 presos políticos, pese a que más de 400 fueron excarcelados desde que comenzó el proceso el 8 de enero impulsado por el Gobierno encargado.
Durante la sesión, Jorge Rodríguez destacó y felicitó “la actitud, la disposición, la fuerza y el espíritu de convivencia que ha demostrado esta comisión especial”, así como el trabajo de los parlamentarios.
Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, manifestó en su cuenta de X que, aunque la amnistía no sea tan amplia como desearían, “eso no significa que la lucha por la libertad de todos los presos y perseguidos se acabe”. Añadió que “nos tocará seguir buscando la forma para que la libertad triunfe”.
Por otro lado, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que los familiares de los detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocida como zona 7 en Caracas, suspendieron la huelga de hambre que mantenían desde hace más de cinco días, pese a denunciar un “grave desgaste físico y la ausencia total de respuestas por parte de las autoridades”.
El activista y director de la ONG Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, indicó antes de la aprobación de la ley que esta presenta una “falla de origen” debido a que es promovida por el mismo Gobierno que, según él, ha incurrido en “graves violaciones” de los derechos humanos.