España se une a la iniciativa global para evitar asentamientos en Cisjordania
- La ampliación del listado de países que llaman a la responsabilidad empresarial
- Reiteración sobre la ilicitud de los asentamientos en Cisjordania
- Demandas internacionales a Israel
- Características y consecuencias del proyecto E1
La ampliación del listado de países que llaman a la responsabilidad empresarial
El Gobierno del Reino Unido comunicó este sábado la adhesión de España y Bélgica a una coalición de seis naciones europeas, junto con Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que habían instado el pasado viernes a las compañías a abstenerse de tomar parte en el proceso de licitación relacionado con el desarrollo de asentamientos en la zona E1 de Cisjordania.
Este proyecto contempla la construcción de 3.400 viviendas y la creación de una barrera que separaría Jerusalén Este del resto del territorio palestino, lo que ha suscitado rechazo internacional. La declaración, firmada también por Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Noruega y Países Bajos, advierte a las empresas sobre "las consecuencias legales y reputacionales de su participación, incluido el riesgo de involucrarse en violaciones graves del Derecho Internacional".
Reiteración sobre la ilicitud de los asentamientos en Cisjordania
En el comunicado conjunto, los países firmantes han recordado que los "asentamientos israelíes en Cisjordania" se consideran "ilegales" según el marco del Derecho Internacional. Además, destacan que la expansión del área E1 "dividiría Cisjordania en dos partes y constituiría una grave violación del Derecho Internacional".
Se subraya que las acciones dirigidas a consolidar este territorio comprometen directamente la configuración del futuro de la región y la posibilidad de alcanzar una solución pacífica que respete las normativas internacionales vigentes.
Demandas internacionales a Israel
Los países que suscriben el comunicado instan a Israel a detener no solo la expansión de asentamientos en Cisjordania, sino también a garantizar responsabilidad frente a la violencia perpetrada por colonos. Además, solicitan que se investiguen las denuncias contra las fuerzas de seguridad israelíes y que se respete la integridad de los lugares sagrados en Jerusalén y su statu quo.
Entre las reclamaciones destacan también el levantamiento de las restricciones financieras impuestas a la Autoridad Palestina. El comunicado expresa que "nos oponemos firmemente a aquellos, incluidos miembros del Gobierno israelí, que abogan por la anexión y el desplazamiento forzoso de la población palestina".
Características y consecuencias del proyecto E1
El plan urbanístico E1 incluye una extensión aproximada de doce kilómetros cuadrados que conectaría Jerusalén Este con el asentamiento de Maale Adumim. La ampliación prevista busca duplicar la población residente en esta zona, llegando a unas 35.000 personas con la expansión del barrio Tzipor Midbar en los próximos años.
La realización de este desarrollo provocaría la división física de Cisjordania en dos segmentos separados, lo que dificultaría enormemente la creación de un Estado palestino territorialmente conectado. Aunque el Gobierno israelí considera que buena parte de estos asentamientos son legítimos, el Derecho Internacional mantiene que todos son ilegales y califica su expansión como un crimen de guerra.