Falsificación, más allá de la propiedad intelectual: afecta a derechos humanos
La moda lleva años luchando contra un enemigo silencioso: la falsificación. No solo golpea a las marcas y a las ventas. También abre la puerta a abusos graves en talleres y cadenas de suministro que operan fuera de control.
Un nuevo estudio conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) lanza una alerta clara: el comercio ilegal de falsificaciones está estrechamente ligado a la explotación laboral. En esa lista aparecen el trabajo forzoso, el trabajo infantil y entornos inseguros.
El informe, titulado “De las imitaciones al trabajo forzoso: pruebas de la correlación entre el comercio ilícito de falsificaciones y la explotación laboral”, apunta a un patrón persistente. Los países que aparecen con más frecuencia como origen de falsificaciones suelen mostrar mercados laborales más frágiles, con menos protección, jornadas más largas y más accidentes mortales.
- Falsificación y explotación: un patrón por países
- Pautas para cambiar el rumbo
- Cortar la rentabilidad del mercado ilegal
- Datos y control: coordinación real
- Aduanas con criterios laborales
- Transparencia y datos para seguir el rastro
Falsificación y explotación: un patrón por países
El análisis cruza indicadores de explotación laboral —trabajo forzoso, trabajo infantil, accidentes laborales, empleo informal— con medidas del peso de la falsificación, como la frecuencia de incautaciones, el valor estimado de los productos falsificados y las puntuaciones de propensión a exportar falsificaciones. Después, aplica modelos de regresión para comprobar si la relación se mantiene al controlar variables como PIB per cápita, volúmenes de exportación, salario mínimo, estado de derecho, cobertura de protección social y niveles de pobreza.
El resultado es directo: los países señalados como fuente de falsificaciones registran niveles más altos de trabajo forzoso, trabajo infantil —incluidas formas peligrosas—, empleo informal y accidentes laborales mortales. Además, donde hay menos afiliación sindical y una negociación colectiva más débil, aumenta la exposición a redes de comercio ilícito.
Las evidencias aportadas por las autoridades refuerzan el diagnóstico. La falsificación se apoya con frecuencia en prácticas laborales abusivas para reducir costes y elevar beneficios ilegales. Las redes criminales se aprovechan de personas vulnerables en varias fases de la cadena: fábricas clandestinas sin contratos, almacenes donde trabajadores migrantes quedan encerrados por la noche y pequeños talleres en los que niños ensamblan productos falsificados.
El informe reclama respuestas más integradas. Se pide combinar una gobernanza laboral más sólida con controles comerciales y aduaneros más firmes, una mejor recogida de datos y una cooperación más estrecha entre inspección laboral, aduanas y fuerzas del orden. La idea central es clara: combatir la explotación no solo protege derechos, también ayuda a desarmar las redes que sostienen el comercio global de falsificaciones.
Pautas para cambiar el rumbo
Durante años, la falsificación se ha tratado sobre todo como un asunto de propiedad intelectual y de cumplimiento de normas comerciales. El informe de la OCDE y la EUIPO añade otra capa clave: también es un problema del mercado laboral. Las economías con mayor prevalencia de trabajo forzoso suelen coincidir con las que soportan una mayor intensidad de falsificaciones.
La relación persiste incluso al ajustar por ingresos, apertura comercial y calidad institucional. En términos prácticos, los datos apuntan a un mismo escenario repetido: entornos con pocas protecciones laborales y una aplicación limitada del estado de derecho. Ahí, la falsificación encuentra terreno fértil.
El vínculo no aparece como un accidente. La producción ilegal crece donde la mano de obra es barata, no está protegida y resulta fácil de sustituir. En esos contextos, la coerción o la vulnerabilidad extrema sustituyen a la productividad y a la innovación como ventaja competitiva.
Los modelos econométricos sitúan el trabajo forzoso entre los predictores más fuertes de la intensidad exportadora de falsificaciones. También se repite el patrón con la informalidad: aunque el empleo informal no figure en el modelo final presentado, las pruebas con especificaciones alternativas sostienen una relación significativa entre el volumen de incautaciones por país de origen y los niveles de informalidad.
Cortar la rentabilidad del mercado ilegal
Reconocer la conexión cambia el enfoque del riesgo. Frenar el comercio ilícito exige ir más allá de reforzar fronteras o perseguir infracciones de propiedad intelectual. También toca intervenir en las dinámicas laborales y sociales que hacen rentable fabricar y mover falsificaciones.
En paralelo, las políticas para erradicar el trabajo forzoso necesitan mirar el componente comercial y de cadena de suministro que mantiene la demanda de producción barata y no regulada. Si ese incentivo sigue vivo, el problema se reubica, pero no desaparece.
El informe resume una convergencia con implicaciones claras. La primera: derechos laborales e integridad comercial se refuerzan mutuamente. Cuando se protege a los trabajadores frente a la esclavitud moderna, se elimina una ventaja de coste que alimenta la producción ilícita.
Y al revés, desmantelar redes criminales ayuda a recuperar condiciones justas para empresas y trabajadores que sí cumplen la ley y los estándares laborales. El mensaje es urgente: atacar solo una parte deja la otra intacta.
Datos y control: coordinación real
El texto insiste en una idea práctica: los datos y la aplicación de las normas deben avanzar juntos. Con frecuencia, aduanas y autoridades laborales trabajan en paralelo, pero la información que manejan encaja como piezas de un mismo puzle.
Integrar indicadores de riesgo laboral —como prevalencia de trabajo forzoso o informalidad— en los sistemas de perfilado aduanero podría facilitar la identificación de envíos o focos de producción con mayor probabilidad de ilegalidad. A la vez, las inspecciones laborales pueden ganar precisión con inteligencia comercial sobre operadores o cadenas sospechosas.
El informe también subraya el papel estratégico de la protección social. La evidencia econométrica sugiere que cuando se erosiona el estado de derecho —incluida la legislación laboral— emerge con más fuerza el comercio de falsificaciones.
Por eso, las políticas sociales no quedan como mera redistribución: actúan como herramientas preventivas frente al comercio ilícito y la explotación que lo sostiene. En esa línea, se plantea reforzar gobernanza e inspecciones laborales como primera barrera, con capacidad para detectar trabajo forzoso y sus posibles vínculos con producción ilegal.
Aduanas con criterios laborales
Entre las propuestas, destaca una: incorporar el riesgo para los derechos laborales en la aplicación de las normas comerciales. Según el informe, las autoridades aduaneras podrían incluir parámetros relativos a los derechos de los trabajadores para interceptar envíos de alto riesgo, especialmente en sectores donde la falsificación es recurrente, como textil, calzado y electrónica.
El objetivo es sencillo: cruzar señales de fraude comercial con señales de abuso laboral para afinar la selección de inspecciones. Esto permitiría priorizar intervenciones donde el impacto puede ser doble: cortar mercancía ilícita y frenar explotación.
El documento también apunta a la conducta empresarial responsable. Las directrices de la OCDE sobre diligencia debida ofrecen marcos para mapear, evaluar y mitigar riesgos de trabajo forzoso dentro de las cadenas de suministro.
Además, se menciona la ampliación de la certificación de zonas comerciales “limpias”. El esquema de certificación de zonas de libre comercio de la OCDE se presenta como una vía para reforzar controles contra el comercio ilícito y, a la vez, impulsar el respeto de estándares laborales.
Transparencia y datos para seguir el rastro
Otra línea de actuación pasa por invertir en datos y transparencia. La colaboración en información se perfila como pieza clave para seguir el progreso y ajustar la evaluación de riesgos con más precisión.
Entre las vías sugeridas aparece la formación específica para investigadores: desarrollar cursos orientados a identificar y señalar indicios de explotación laboral durante operaciones antifalsificación. La meta es que las intervenciones detecten no solo el producto ilegal, sino también el daño humano asociado.
El informe concluye que el vínculo entre falsificación y explotación laboral es real, medible y relevante para las políticas públicas. El enfoque recomendado es integrado: integridad comercial, trabajo digno y competencia leal como partes de una misma agenda.
El mensaje final es contundente: poner fin al trabajo forzoso no es solo un imperativo moral, también es una necesidad económica. Solo así el comercio legítimo queda protegido y los mercados globales premian el cumplimiento, no la criminalidad.
