Bruselas lleva a España al TJUE por no trasponer criterios de tamaño empresarial

Archivo - Sede de la Comisión Europea en Bruselas.

 

La Comisión Europea comunicó este viernes que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber completado la transposición de una directiva.

El cambio afecta a los criterios sobre el tamaño de las empresas, con el objetivo de ajustarlos al efecto de la inflación. Los Estados deben aplicar esta modificación desde diciembre de 2024.

  1. Demanda por transposición incompleta
  2. Ajuste de criterios por inflación
  3. Última fase del procedimiento de infracción

Demanda por transposición incompleta

Bruselas señaló que presentará una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no culminar la incorporación a la normativa nacional de la directiva que actualiza los umbrales de tamaño empresarial.

Según los servicios comunitarios, la mayoría de Estados miembro ya notificaron la plena transposición de la directiva, que debía quedar completada, como máximo, el 24 de diciembre de 2024.

En ese mismo comunicado se indica que las medidas adoptadas por España, al igual que las de Malta, resultaron insuficientes, por lo que ambos casos serán elevados a la justicia europea.

Ajuste de criterios por inflación

La norma eleva los criterios monetarios que determinan la categoría de una empresa. El objetivo es adaptarlos al impacto de la inflación acumulada desde 2013.

Con este ajuste, se busca que las microempresas y las pequeñas y medianas empresas no queden sometidas a obligaciones indebidas de la UE en materia de información financiera y de sostenibilidad que se aplican a compañías de mayor tamaño.

La Comisión considera este punto relevante para seguir reduciendo la carga administrativa.

Última fase del procedimiento de infracción

El recurso ante el alto tribunal europeo activa la tercera y última etapa del procedimiento de infracción abierto contra España en enero de 2025.

Ese proceso se inició con el envío de una carta de emplazamiento, tras la cual se abrió un periodo de diálogo para tratar de alcanzar una solución.

La falta de transposición motivó un segundo aviso remitido en julio del pasado año y, finalmente, la decisión de acudir ahora a la justicia europea.