Guinea impulsa fórmulas para intentar cerrar el expediente de los andaluces
El caso de Javier Marañón, natural de Peñarroya-Pueblonuevo, y del granadino David Rodríguez da un giro. Ambos siguen en prisión provisional en Guinea Ecuatorial desde principios del año 2025 por un supuesto caso de corrupción ligado a la instalación de la Televisión Digital Terrestre (TDT), del que se han desvinculado.
Ahora se abre una puerta clave: el Gobierno de Guinea Ecuatorial sostiene que ya existen vías de negociación para "poner fin" a la causa. La noticia llega en un momento de máxima tensión, con familias pendientes de cada llamada y con presión institucional en España.
El foco se sitúa en un posible acuerdo con la Fiscalía del Estado, tras movimientos de los abogados de la empresa adjudicataria del proyecto. El objetivo declarado: cerrar el conflicto judicial y retomar el plan para dotar al país de TDT.
- Vías de negociación para "poner fin" a la causa
- Mensaje del vicepresidente y claves del proyecto TDT
- Familias, presión política y recogida de firmas
Vías de negociación para "poner fin" a la causa
El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha avanzado que se han establecido vías de negociación para "poner fin" a la causa. En el centro del proceso están Javier Marañón y David Rodríguez, encarcelados desde principios del año 2025 en el marco de un supuesto caso de corrupción vinculado al despliegue de la TDT.
Según lo expuesto, se busca una salida pactada al contencioso judicial. La negociación se plantea como un camino directo para cerrar el procedimiento y desbloquear la situación de los ciudadanos implicados.
Mensaje del vicepresidente y claves del proyecto TDT
El vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, ha difundido una publicación en redes sociales, consultadas por Europa Press. En ese mensaje se indica que los abogados de la empresa adjudicataria del proyecto de TDT han establecido "contacto con la Fiscalía del Estado para explorar una vía de negociación que permita poner fin al contencioso judicial en curso, en el que están implicados varios ciudadanos españoles y nacionales".
En esa misma línea, se afirma que "la firma ha notificado a Fiscalía que quieren alcanzar un acuerdo de restitución de los fondos desviados indebidamente mediante un compromiso de pago al Tesoro Público para que se pueda proseguir con el objetivo de dotar a Guinea Ecuatorial de la Televisión Digital Terrestre". El planteamiento se presenta como un paso para reactivar el proyecto.
El vicepresidente también recuerda el contexto económico del contrato. Señala que la empresa cobró "más de 10.600 millones de Francos Cefas por la primera fase del proyecto que conllevaba la implementación de 12 centros de emisiones en el país, algo que no cumplieron, además de llevar a cabo múltiples irregularidades fiscales, actos de corrupción y sobornos".
Ese dato marca el núcleo del conflicto: una primera fase pagada y, según lo descrito, no ejecutada como estaba previsto. A partir de ahí, el caso ha escalado hasta convertirse en un asunto judicial con repercusión internacional.
Familias, presión política y recogida de firmas
Desde la familia de Javier Marañón se valora que la situación "ha mejorado" por un motivo concreto: ya se han podido recibir "algunas visitas y llamadas" de familiares, tras meses sin contacto. Aun así, la prioridad sigue siendo la misma: que el acuerdo llegue "pronto" y permita la libertad, algo que se habría querido "antes de Navidad".
En paralelo, se expresa malestar con parte de la respuesta institucional española. Se lamenta especialmente la labor de las administraciones españolas, en particular del Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque también se reconoce "el esfuerzo" de la Embajada, que ha solicitado reuniones y ha reclamado a las autoridades guineanas la posibilidad de visitas de abogados. La lectura que se traslada es clara: "hay interés en solucionar" el problema, pero "poca efectividad".
También se ha impulsado presión ciudadana con una campaña en 'Change.org' para exigir al Gobierno de España que intervenga directamente ante el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, y se produzca la liberación. El enlace se mantiene activo: https://www.change.org/p/sos-david-y-mi-hermano-javier-detenidos-sin-cargos-y-en-peligro-en-guinea-ecuatorial.
Según los datos citados, la página supera ya más de 45.000 firmas. El respaldo crece mientras el caso sigue abierto y la expectativa se concentra en la negociación anunciada.
Apoyos institucionales y movilizaciones
En el plano institucional, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, trasladó en octubre a la familia de Javier Marañón que se trabaja desde la Embajada y el Ministerio de Asuntos Exteriores. También manifestó su deseo de que ambos puedan estar "lo antes posible" en el país, tras una reunión con la familia y con la alcaldesa del municipio, María Victoria Paterna.
El Ayuntamiento, por su parte, aprobó días antes en sesión plenaria extraordinaria y urgente una declaración institucional de apoyo a los dos ciudadanos españoles. En ese texto se reclamó "la intercesión del Ejecutivo central y acelerar las actuaciones diplomáticas" para su liberación.
La presión pública se ha mantenido con nuevos hitos. Javier estuvo en huelga, que ya abandonó, tras haber perdido 20 kilos. Además, el Parlamento Europeo aprobó en octubre una resolución urgente para exigir la liberación.
El respaldo también se ha visualizado en distintos actos: en el Pleno de la Diputación de Córdoba se leyó una declaración institucional de apoyo a los dos detenidos, y los antiguos compañeros de David en la televisión municipal de Granada, donde fue jefe técnico, han celebrado concentraciones, entre otras acciones para mantener viva la reclamación.
