Mandos "católicos" y neutrales en política para calmar la tensión militar tras el 23F
Los documentos recientemente desclasificados el miércoles revelan una notable inquietud acerca del estado de las Fuerzas Armadas luego del intento de golpe de Estado del 23F. Se evidenció que existían actitudes consideradas "subversivas", y por ello se planteó la necesidad de nombrar mandos que fueran reconocidos y aceptados por el propio Ejército para calmar las tensiones. Entre las características más valoradas para estos líderes se destacaba que fueran "católicos con evidencias" y sin inclinaciones políticas.
El archivo denominado 'Índices de subversión en las Fuerzas Armadas', clasificado como secreto y ahora divulgado por el Ministerio del Interior, señala que la instauración de la Monarquía fue recibida con una especial acogida en las fuerzas armadas, dado que era "uno de los deseos" del dictador Francisco Franco. Además, destaca que una mayoría significativa aceptó servir al rey Juan Carlos I con plena lealtad, especialmente apoyada por su conducta en los primeros meses de reinado.
- Situación militar tras 23F
- Perfil de los mandos aceptados
- Temor a acciones terroristas en el juicio 23F
- Inestabilidad de España en los años 80
Situación militar tras 23F
A pesar del respaldo inicial, algunos factores como el descrédito de los líderes políticos, la crisis económica, el aumento del terrorismo, la inseguridad ciudadana y las tensiones separatistas generaron una profunda preocupación en los mandos militares. Esta desconfianza comenzó a manifestarse abiertamente hacia el Gobierno, configurando un escenario complejo durante esos años.
Según el documento, el año 1980 marcó un punto crucial entre la confianza depositada en el sistema democrático instaurado y la creciente sospecha de los militares. Con la formación del gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo después del golpe, se inició un periodo de constante evaluación por parte de los militares sobre su fidelidad a la cadena de mando establecida.
Perfil de los mandos aceptados
En paralelo a esta incertidumbre, comenzaron a consolidarse percepciones sobre que el liderazgo militar dependía más de la habilidad política que de la formación profesional propia del ámbito castrense. Era común encontrar pequeñas resistencias y oposiciones internas que, aunque simbólicas, reflejaban la resistencia al cambio entre sectores inmovilistas.
En este contexto, las autoridades militares observaron cierto desgaste en la figura del rey Juan Carlos I en términos personales y profesionales. Para contrarrestar esta situación, se propuso la designación de un grupo selecto de jefes militares "de prestigio y capaces de ser aceptados desde dentro del Ejército", sin importar su imagen en el ámbito civil.
El Ministerio del Interior detalló además los requisitos que debían cumplir estos mandos: desde ser "católicos con evidencias" y "sin afinidades políticas", hasta contar con experiencia operativa, reconocimientos por valor, capacidad de contacto con los medios de comunicación, y habilidad para vincularse con sectores civiles socialmente relevantes.
El propósito final era impedir que el rey asuma control permanente sobre el Ejército, reforzar el mando profesional y promover la idea de que el Ejército, fiel al monarca, mantiene respeto absoluto por la Constitución y acata las órdenes del Gobierno legítimo.
Temor a acciones terroristas en el juicio 23F
Otro documento desclasificado revela las preocupaciones expresadas por el jefe del Estado Mayor del Ejército, José Faura, durante febrero de 1982, en el marco del juicio por el golpe de Estado. Faura advertía que el ambiente en los cuarteles estaba "enrareciéndose" y destacó la necesidad de adoptar medidas para contener esta atmósfera tensa.
En una comunicación dirigida a un interlocutor identificado como Emilio, probablemente Emilio Alonso Manglano del CESID, Faura insistió en el respeto a las decisiones judiciales frente a los militares juzgados por actos de indisciplina, al tiempo que enfatizaba la importancia de estar alerta ante posibles atentados terroristas vinculados a sectores que aún buscaban desestabilizar el país.
Por ello, se solicitó reforzar la seguridad personal y vigilar con rigor las instalaciones militares, subrayando que ciertos sectores sociales intentaban manipular a las Fuerzas Armadas con intenciones ocultas. Faura llamó a que los militares actuaran siempre pensando en el bienestar de España, y no en intereses de grupos minoritarios.
Inestabilidad de España en los años 80
Finalmente, otro archivo remitido por Sabino Fernández Campos, exjefe de la Casa del Rey, al director del CESID, Emilio Alonso Manglano, contiene un guion usado en una reunión presidencial entre el rey Juan Carlos, Leopoldo Calvo-Sotelo, Alberto Oliart y la Junta de Jefes de Estado Mayor, realizada en diciembre de 1981, aproximadamente diez meses tras el golpe fallido.
En dicha reunión, Juan Carlos I destacó que tanto los civiles como los militares comprendían la trascendencia del 23F y la importancia permanente de la organización militar para la vida del país. Asimismo, reconoció que, aunque España había avanzado en democracia, todavía no era un país plenamente estable, ya que no todas las instituciones y fuerzas funcionaban con normalidad absoluta.
El monarca subrayó la delicada situación militar posterior al conocido "manifiesto de los 100" —un texto divulgado por Europa Press firmado por cientos de oficiales que denunciaban un "linchamiento mediático" contra los procesados por el 23F— y alertó sobre la función que la prensa cumplía como amplificadora de mensajes desestabilizadores, generando irritación en el seno de las Fuerzas Armadas.
Ante esta circunstancia, Juan Carlos pidió protección y consideración para las Fuerzas Armadas, ya sea de los medios que en ocasiones buscan el sensacionalismo o, cuando eso no sea posible, de las instituciones públicas, cuya respuesta debería ser enérgica y rápida para mantener el orden y la estabilidad en un régimen democrático.