Aldama afirma que Zapatero usaba teléfonos seguros y no conoce comisiones por mascarillas en Baleares
El empresario Víctor de Aldama ha declarado ante el juez que los supuestos pagos de 10.000 euros realizados a Koldo García no solo estaban relacionados con los contratos de mascarillas, sino también con gestiones para posibles amaños en obras públicas.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Aldama ha declarado este jueves como investigado en la Audiencia Nacional que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero hacía uso de teléfonos seguros. Además, ha indicado que no tiene constancia de que se hayan cobrado comisiones en Baleares por contratos de mascarillas vinculados a la presunta trama durante la pandemia, a diferencia de lo ocurrido en Canarias.
La declaración de Aldama tuvo lugar tras ser citado a raíz del informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que analiza los contratos de material sanitario otorgados en Baleares a la supuesta red criminal. También ha explicado que los pagos de 10.000 euros que presuntamente hacía a Koldo, quien fue asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, se extendían más allá de los contratos de mascarillas, incluyendo supuestos arreglos ilegales en obras públicas.
Asimismo, Aldama ha detallado que Koldo García fue el vínculo entre él y Francina Armengol, ex presidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, y que el exasesor presumía públicamente de esta relación. Por otro lado, ha señalado que Zapatero, recientemente imputado en la causa 'Plus Ultra', utilizaba teléfonos seguros similares a los empleados en la trama de mascarillas, si bien desconoce si esos dispositivos provenían de Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil también investigado y supuesto proveedor de estos teléfonos a Koldo y Aldama.
El empresario ha ratificado su condición de colaborador de la Guardia Civil, ayudando económicamente a varias unidades a través de la compra de equipos y 'merchandising'.
Relación económica entre Aldama y Koldo
La Fiscalía Anticorrupción solicitó la declaración de Aldama y Koldo tras recibir el informe de la UCO sobre Baleares, con el fin de profundizar en los vínculos dentro de la presunta organización criminal que incluiría, entre otros, a Aldama, Koldo y al exministro Ábalos.
El informe sostiene que los contratos de material sanitario en el contexto de la pandemia fueron parte esencial de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Aldama pagaba a Koldo, una relación que supuestamente le garantizaba acceso directo al exministro. Añade que esta relación económica continuó hasta ocho meses después de que Ábalos y Koldo dejaran sus cargos en el Ministerio de Transportes en julio de 2021, lo que sugiere que los pagos no estaban vinculados a actuaciones específicas, sino a mantener la influencia para obtener beneficios económicos.
Inicialmente, Aldama y Koldo estaban convocados a declarar el 14 de mayo como investigados, pero el juez Ismael Moreno aplazó la comparecencia de Aldama esta semana debido a la organización de la agenda en la Audiencia Nacional.
Koldo opta por no declarar
Koldo García decidió acogerse a su derecho a no declarar, según informó su abogada Leticia de la Hoz, que ha presentado un recurso para solicitar el archivo de la causa y la suspensión del interrogatorio. Argumenta que los hechos por los que iba a ser interrogado ya fueron juzgados en el Tribunal Supremo.
De la Hoz apuntó que Koldo debía declarar por los contratos de mascarillas en Baleares y Canarias, pero que este asunto ya fue objeto de juicio en el Supremo, donde el fiscal y la acusación popular incorporaron las conclusiones finales. Además, se llevaron a cabo pruebas solicitando la declaración de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, expresidentes autonómicos mencionados en el caso.
El juez Ismael Moreno sigue investigando diversas líneas, con el origen del caso centrado en las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Parte de este proceso ya ha sido juzgado por el Tribunal Supremo, en el que Ábalos, Koldo y Aldama son acusados debido a la condición de aforado de Ábalos en ese momento.
Además, la causa también contempla la investigación de posibles amaños en obras públicas y pagos en efectivo al PSOE desde 2017 hasta 2024 para cubrir gastos anticipados, aspectos que aún permanecen bajo secreto de sumario.