Begoña Gómez considera que Peinado la vigila por ser cónyuge de Sánchez

 

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma que el juez Juan Carlos Peinado ha abierto una investigación en su contra debido a su relación con el mandatario. Por ello, solicita a la Audiencia Provincial de Madrid que anule la resolución del juez que decidió que el caso sea juzgado por un jurado popular en caso de llegar a juicio.

En un recurso al que tuvo acceso Europa Press, la defensa de Gómez pide que los magistrados del tribunal superior invaliden el auto en el que Peinado rechazó su recurso contra la decisión de dirigir el proceso a un jurado.

El equipo legal sostiene que no se entiende la relación entre la llegada de Sánchez a la Presidencia y un cambio relevante en la actividad profesional de Gómez.

Antonio Camacho, abogado y exministro que defiende a Gómez, explica que ella desarrollaba su labor en consultoría y ejercía la docencia desde varios años antes de comenzar a codirigir la referida cátedra en la Complutense.

FALTA DE FUNDAMENTOS

Según la defensa, vincular la presidencia de Sánchez con posibles beneficios para Gómez solo se puede explicar si la investigación se basa en su condición de cónyuge del jefe del Ejecutivo.

Además, se critica la supuesta falta de fundamentación del juez para decidir la intervención de un jurado popular y se subraya que el caso es de amplio conocimiento público y muy mediático.

Este contexto, argumentan, puede afectar el derecho a un juez imparcial debido al juicio paralelo que se ha creado en medios, redes sociales y comisiones parlamentarias.

Por ello, se solicita la nulidad del auto por considerarlo carente de la debida justificación.

6.000 EUROS PARA LA CÁTEDRA

Este jueves, el empresario José María Torres, presidente de Conpymes, declaró como testigo y confirmó que su empresa tecnológica, Numintec, financió la cátedra dirigida por Gómez.

Torres aseguró que se trató del único patrocinio que realizó y que sugirió a Pimec, la patronal catalana donde ha ocupado cargos, que también apoyara económicamente la cátedra.

Indicó además que nunca recibió informes sobre los 6.000 euros aportados y declaró que entendía que el software desarrollado estaba destinado a la propia Complutense.

Asimismo, testificó que se produjeron encuentros en cafeterías y eventos relacionados con la cátedra a los que asistieron Gómez y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, quien habría desempeñado funciones exclusivas de seguridad sin intervenir públicamente.

HAZTE OÍR PIDE 24 AÑOS DE PENA

Gómez solicitó esta semana al juez Peinado que suspenda el procedimiento mientras la Audiencia Provincial resuelve varios recursos presentados. Este proceso se inició tras la propuesta del juez en abril para investigarla por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, junto a su asesora y al empresario Juan Carlos Barrabés, también inculpados.

La acusación popular representada por Hazte Oír reclamó la apertura de juicio y penas de 24 años de cárcel para Gómez, 22 para Álvarez y seis para Barrabés.

El juez Peinado ha explorado múltiples líneas de investigación, incluyendo supuestas influencias en favor de Barrabés, la gestión de la cátedra codirigida por Gómez, la posible apropiación indebida del software desarrollado y el nombramiento de Álvarez como asesora en Moncloa.