Rodríguez responsabiliza al PP de distribuir la vivienda pública entre sus “compinches”
Acusan al PP de privatizar la vivienda pública
Durante la sesión plenaria del Congreso de los Diputados, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, lanzó duras críticas al Partido Popular (PP) por la gestión que hacen de la vivienda pública en las comunidades autónomas donde tienen el gobierno, señalando que la destinan a sus "amiguetes".
Rodríguez denunció que, mientras el Gobierno central invierte todos sus recursos en aumentar el parque público de viviendas, el PP limita la vivienda protegida a ciertos sectores y no garantiza su acceso para todos. Mencionó casos concretos como Alicante y Sevilla, donde apuntó que se venden pisos protegidos por 350.000 euros que, tras siete años, podrían salir al mercado a más del doble, beneficiando a conocidos del partido.
El debate se originó tras un reproche del diputado popular Sergio Sayas, quien calificó a la izquierda como incapaz de resolver la crisis habitacional, mencionando que los precios han alcanzado máximos históricos en todo el país luego de ocho años de gobiernos de izquierdas.
Sayas acusó a la izquierda de ser una "estafa" e "hipócrita", argumentando que sus dirigentes disfrutan privilegios mientras la gente común no puede pagar el alquiler y se ve obligada a vivir en condiciones precarias.
En respuesta, la ministra Isabel Rodríguez se dirigió directamente a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP presente en el pleno, cuestionando si acepta que las viviendas protegidas se distribuyan entre unos pocos y no lleguen realmente a quienes más las necesitan. Insistió en que no le parece aceptable que una vivienda social cueste 350.000 euros, poniendo en evidencia la regulación que permite precios excesivos en ciudades como Sevilla.
Además, señaló el bloqueo que muchas comunidades autónomas, principalmente gobernadas por el PP, están haciendo a la ley de vivienda que posibilita la congelación de alquileres. Destacó también la actitud del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, al recurrir dicha ley en vez de dedicarse a combatir los pisos turísticos ilegales.