Feijóo promueve una ley estatal de cuidados paliativos y debate sobre eutanasia
En un contexto donde la atención al final de la vida adquiere creciente relevancia, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado su intención de impulsar una ley estatal de cuidados paliativos en caso de acceder a La Moncloa. Esto busca garantizar un apoyo integral tanto físico como psicológico para todas las personas residentes en España. Feijóo ha señalado que la eutanasia no debería ser la norma, sino una excepción extrema dentro del sistema sanitario.
Este planteamiento surge tras el caso que protagonizó Noelia del Castillo, un asunto que ha generado profundas reflexiones sobre el manejo del Estado en situaciones límites. Feijóo ha hecho un llamado a los partidos políticos para realizar una evaluación conjunta, apartidaria, que permita identificar fallos y mejorar la respuesta institucional ante estas circunstancias, recalcando la necesidad de acompañamiento humano en el proceso final de la vida.
Durante una entrevista concedida a Servimedia y difundida por Europa Press, el líder popular evitó confirmar si derogaría la vigente ley de eutanasia, señalando que no desea reabrir debates sobre normas en las que su partido no ha mostrado respaldo. Calificó el caso de Noelia como un fracaso evidente del Estado, destacando su compleja situación personal y social, lo que, según Feijóo, evidenció una falta de apoyo efectivo tanto emocional como psicológico.
Ley estatal de cuidados paliativos
El presidente del PP manifestó que el objetivo esencial debería ser asegurar la asistencia integral hacia el final de la vida y que el progreso de España no debe medirse en el número de muertes autorizadas, sino en cuántas vidas son acompañadas con dignidad hasta el último momento. Insistió en que la sociedad debe reconocer y aprender de los errores cometidos para evitar futuros desenlaces dolorosos.
Regularización masiva de inmigrantes
En otro tramo de la entrevista, Feijóo alertó sobre las consecuencias que tendría la regularización indiscriminada de inmigrantes en situación irregular. Consideró que esta medida, que se tramita sin exigir antecedentes penales a más de un millón de personas, generará una presión adicional significativa sobre los sistemas públicos de salud y educación. Además, advirtió que esta iniciativa se encuentra en desacuerdo con los marcos establecidos por las instituciones europeas, como el Pacto de Migración y Asilo y el Reglamento de Retornos del Parlamento Europeo.
El líder popular también criticó la decisión del Gobierno de revertir los recortes en la sanidad pública realizados en 2012, rechazando la restauración de la universalidad del sistema para quienes se encuentren en situación irregular. Diferenció entre la atención urgente y la concesión de derechos permanentes, enfatizando que otorgar residencia legal en estos casos incrementaría la demanda sobre servicios públicos ya tensionados.
Feijóo concluyó que la actual gestión legislativa aborda temas que, en su opinión, no están siendo administrados adecuadamente ni financiados, generando un desafío adicional para la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales en España.