Fiscalía y defensa solicitan a Peinado cerrar el 'caso Begoña Gómez'
La Fiscalía y los abogados defensores de los tres involucrados en la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitaron nuevamente al magistrado Juan Carlos Peinado el sobreseimiento del caso. Mientras tanto, Vox, como acusación popular, acusó a la defensa de realizar "ataques furibundos" contra el juez instructor.
Durante la sesión celebrada, los representantes legales de Gómez, de Cristina Álvarez —su asistenta— y del empresario Juan Carlos Barrabés insistieron en que Peinado cierre la causa. El juez comunicó a las partes que orientará el proceso hacia un jurado popular. En contraposición, las acusaciones pidieron que se realicen diligencias complementarias, enfocados en detalles como el salario de Álvarez y la vida laboral de la esposa del mandatario.
- Acusaciones y pruebas presentadas
- Decisiones del magistrado en la causa
- Comentarios de Vox y del abogado representante
Fuera de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, Javier Pérez Roldán, abogado de la asociación Hazte Oír y también representante de acusación popular, afirmó que Gómez "intenta evadir a la justicia, pero la justicia no la dejará pasar". Aseguró que su organización llega con todo "bien preparado y consolidado". Por otro lado, Vox denunció la agresividad de las defensas hacia las acusaciones populares, el juez y los medios, tras una sesión que se extendió casi tres horas.
Acusaciones y pruebas presentadas
Entre las imputaciones a Begoña Gómez se incluyen presuntas gestiones relacionadas con empresas patrocinadoras que financiaron un software valorado en más de 300.000 euros. Además, los correos electrónicos y la participación de Cristina Álvarez, empleada por Presidencia para atender asuntos personales de Gómez, forman parte de las evidencias en la causa.
También destaca el aumento considerable —más de un 400%— en los contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés y su grupo empresarial, tanto en Red.es como en otras administraciones. La abogada de Vox, Marta Castro, afirmó que existen "indicios más que sólidos" y suficientes pruebas para que el caso avance a la fase siguiente, decisión que estará en manos del juez próximamente.
Por su parte, la Fiscalía ha mantenido una postura contraria al archivo, argumentando que más de 10.000 folios, 25 tomos de documentación y declaraciones de más de 40 testigos configuran un cuerpo probatorio significativo que descarta la inexistencia de indicios.
Decisiones del magistrado en la causa
El magistrado Peinado investiga a Begoña Gómez sospechosa de varios delitos, entre ellos tráfico de influencias, corrupción en negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación. En un auto fechado el 20 de marzo, el juez confirmó que se han encontrado indicios suficientes durante la fase de investigación para que el caso sea competencia del tribunal del jurado.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid detuvo en febrero la iniciativa de Peinado para someter el caso a juicio con jurado popular, tras admitir los recursos interpuestos por las defensas. Los magistrados consideraron que no existían pruebas racionales que justificaran dicha medida.
Comentarios de Vox y del abogado representante
En un auto reciente, Peinado afirmó que Gómez habría aprovechado su cercanía con el presidente Sánchez para impulsar su carrera en la Universidad Complutense de Madrid. Para ello, habría mantenido contacto directo con responsables universitarios, empresas patrocinadoras y entidades del sector tecnológico.
El juez hizo énfasis en que la condición de pareja del presidente influye en cómo se percibe su conducta, dado el poder de Sánchez en la toma de decisiones. Además, indicó que Gómez buscaba y obtenía apoyo, financiación y respaldo institucional y empresarial para impulsar una cátedra universitaria que aparentemente se apropió de manera indebida.
Asimismo, en ese contexto, se solicitó y logró la creación de una cátedra extraordinaria para su dirección personal, y contrató a Cristina Álvarez, no sólo para funciones protocolarias, sino también para tareas privadas, según el auto judicial.