Gobierno y Iglesia pactan protocolo para indemnizar abusos sin prescripción
El Gobierno y la Iglesia han llegado a un acuerdo para establecer un protocolo destinado a indemnizar a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos estén prescritos o no puedan acceder a la vía judicial, situación que afecta a la mayoría.
Este convenio se firmará el próximo lunes a las 11.00 horas en la sede del Defensor del Pueblo. Participarán en la firma el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego. Así se informó en una nota conjunta emitida por los organismos involucrados.
Este protocolo está diseñado para reconocer y dar reparación a las víctimas de abusos sexuales en el contexto de la Iglesia Católica. Su firma se había pospuesto el 19 de marzo debido a detalles pendientes por resolver, aunque la Iglesia expresó que la rúbrica podría concretarse en una o dos semanas.
Este mecanismo surge como consecuencia del acuerdo histórico firmado en enero entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Confederación Española de Religiosos (Confer), que establece una nueva vía de reparación para víctimas de abusos sexuales vinculados a la Iglesia católica. Los casos se gestionarán a través del Defensor del Pueblo y la Iglesia asumirá el coste económico.
Modelo combinado de reparación entre Iglesia y Estado
En 2024 la Iglesia puso en marcha el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva) para atender a aquellos afectados por abusos sexuales cuyos casos no pueden avanzar legalmente, ya sea por prescripción del delito o por el fallecimiento del agresor.
No obstante, muchas víctimas prefieren no acudir a una comisión impulsada únicamente por la Iglesia, lo que ha motivado la creación de un sistema mixto que involucra tanto a la Iglesia como al Estado.
Desde la Conferencia Episcopal han subrayado que este mecanismo es "complementario al plan Priva, no alternativo". "Una persona que ha acudido al plan Priva no puede luego reincidir en el proceso del Gobierno, ya que se trata de una vía de acceso nueva a un sistema existente", explicaron fuentes consultadas por Efe.
Este aspecto estaba aún por definir, aunque en el acuerdo de enero ya se indicaba que el procedimiento implicaría la relación con el plan Priva, que es quien finalmente recibe y valora la propuesta emitida por el Defensor del Pueblo, recordaron.
La intención es evitar que las víctimas que han aceptado la resolución del plan Priva, aunque no estén conformes con la compensación recibida, puedan presentar una reclamación posterior ante el Defensor del Pueblo.
Dinámica del nuevo protocolo
El proceso comienza con que la víctima presente su solicitud ante la unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta institución elaborará una propuesta de resolución y, si procede, una compensación que podrá incluir medidas simbólicas, restaurativas, espirituales y/o económicas, siempre según lo solicitado por la víctima.
La propuesta se enviará luego a la comisión asesora del plan Priva, encargada de evaluarla y emitir un informe. En caso de que ambas partes, Priva y la persona afectada, estén de acuerdo, la propuesta será final y la Iglesia asumirá la indemnización.
Si no se alcanza un acuerdo, ya sea por parte de la víctima o de Priva, se convocará una Comisión Mixta que incluirá la participación de asociaciones de víctimas. Esta comisión buscará un consenso unánime. Si no se logra, el Defensor del Pueblo tomará la decisión definitiva.