"Mucha celeridad y juicios de valor" en contratos de la trama Ábalos en Murcia
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha enviado al juez encargado del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional un informe donde se detallan supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos vinculados a proyectos de soterramiento en Murcia.
Según indica la IGAE en el documento al que ha accedido Europa Press, se trata de un único contrato que comprendió tanto el soterramiento de la estación y Barriomar como el proyecto en la pedanía de Nonduermas, ambas ubicaciones en Murcia.
El presupuesto para la ejecución material de estas obras ascendió a 208,5 millones de euros, distribuidos en 66,6 millones para Nonduermas y 141,9 millones para el tramo de la estación y Barriomar.
El órgano fiscalizador explica que el expediente se tramitó con gran rapidez tras recibir la supervisión, aprobación y replanteo en apenas cinco días durante julio de 2018, y que para la adjudicación se aplicaron "criterios basados en juicios de valor".
Asimismo, la IGAE destaca que dichos criterios subjetivos fueron "determinantes" para la asignación de los proyectos ferroviarios en Murcia, igual que en otro contrato realizado en Sant Feliu de Llobregat, Barcelona.
Además, resalta que la diferencia en la puntuación en el apartado subjetivo hizo que las otras ofertas quedaran "sin posibilidades de obtener la adjudicación", ya que la ventaja no pudo ser compensada con la puntuación por el precio.
El informe señala que el adjudicatario presentó diversas "reservas" técnicas justo después de formalizar el contrato, lo que contradice la evaluación inicial donde su conocimiento del proyecto y el terreno fue valorado como "muy bueno".
Esas alegaciones provocaron una modificación contractual por un importe de 31,3 millones de euros, una variación que, según la Intervención, incumplía la normativa al basarse en costos de descontaminación de suelos que ya estaban contemplados en el proyecto original.
La IGAE advierte que Adif debió haber procedido a la "resolución del contrato" en vez de autorizar esta ampliación, dado que no se cumplían los requisitos legales de imprevisibilidad para modificar el gasto.
El informe también indica que la tramitación de un contrato independiente para la arquitectura de la estación facilitó que las mismas empresas realizaran trabajos que inicialmente formaban parte del proyecto principal.
La Intervención concluye que esta práctica administrativa pudo permitir que las modificaciones no superasen el límite del 20% del contrato original, evitando así la aplicación de la reducción económica del 33,8% acordada inicialmente.