Hacienda señala a Aldama por posible fraude fiscal de cerca de 2,5 millones
- Acusaciones de fraude tributario en la venta de mascarillas
- Manipulación de impuestos en empresas vinculadas
Acusaciones de fraude tributario en la venta de mascarillas
La Agencia Tributaria ha detectado indicios que apuntan a la posible comisión de un delito contra la Hacienda Pública cometido por el empresario Víctor de Aldama, implicado en la venta de mascarillas durante la pandemia. La cuantía presuntamente defraudada ascendería a casi 2,5 millones de euros.
Este hallazgo forma parte de un informe oficial enviado al juez encargado del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, según recoge Europa Press. La Agencia detalla que la cuota supuestamente defraudada por Aldama sería de 2.410.748,95 euros, descontando las cantidades ya ingresadas por Impuesto de Sociedades en 2020, fijando la cuota exigible en 1.624.308,20 euros.
Manipulación de impuestos en empresas vinculadas
Además, Hacienda apunta a la existencia de un delito similar en la empresa Soluciones de Gestión, vinculada directamente a Aldama y eje central de la trama vinculada a las mascarillas. La compañía habría reducido fraudulentamente la cuota tributaria mediante la compensación de bases imponibles negativas de años anteriores.
El informe especifica que en su declaración del Impuesto de Sociedades de 2019, Soluciones de Gestión ya tenía conocimiento de los beneficios futuros derivados de los contratos públicos adjudicados. Así, generó una base imponible de 800.000 euros por el deterioro de un crédito con garantía frente a una sociedad vinculada, que luego se compensó de manera fraudulenta en 2020 para disminuir la carga fiscal.
La Agencia Tributaria señala al socio de Aldama, Juan Carlos Cueto, como principal interesado en esta reducción de la base imponible. También subraya que la adquisición de una empresa y el registro contable del deterioro de dicho crédito fueron maniobras utilizadas para disminuir los beneficios declarados por Soluciones de Gestión en 2020, lo que implicaría un fraude tributario de unos 200.000 euros en Impuesto de Sociedades.