Hacienda asegura que el rescate de Plus Ultra se realizó conforme a la ley
El Ministerio de Hacienda defiende que la subvención de 53 millones de euros otorgada a Plus Ultra Líneas Aéreas el 9 de marzo de 2021, proveniente del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), se ajustó completamente a la normativa vigente y superó todos los controles establecidos tanto administrativos como técnicos y judiciales.
Durante esta semana, la investigación vinculada a Plus Ultra ha cobrado una relevancia política sin precedentes. El juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, ha citado a declarar como imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En su auto, el magistrado apunta que Zapatero podría haber formado parte de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" relacionada con la ayuda financiera a esta aerolínea. La investigación también abarca la posible recepción de comisiones por actividades de intermediación vinculadas a esta operación.
De acuerdo con Hacienda y los informes técnicos incluidos en el expediente, Plus Ultra cumplía con todos los criterios de elegibilidad requeridos por las reglas del fondo. Entre estas condiciones se encontraban el domicilio social y la actividad principal en España, no estar en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019 y estar al día en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Los informes del asesor financiero DC Advisory concluyeron que la compañía, sin respaldo público, habría cesado sus actividades o enfrentado graves problemas operativos. La desaparición de la empresa se consideró que tendría un impacto negativo considerable en la economía y el empleo. Igualmente, se validó la viabilidad futura de la aerolínea con un plan de negocio y un calendario de devolución de la ayuda que fueron considerados razonables.
El Ministerio remarca que el expediente fue gestionado por los servicios técnicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y contó con asesoramiento financiero y jurídico externo. Además, el procedimiento fue supervisado por varias autoridades, incluyendo el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, la Fiscalía, peritos judiciales, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y el Tribunal de Cuentas, sin que se detectase ninguna irregularidad.
Un informe emitido en septiembre de 2024 por el Tribunal de Cuentas ratificó que SEPI aplicó de manera correcta la normativa relativa al cumplimiento de requisitos y condiciones financieras del FASEE.
Apoyo de las instituciones europeas
Las instituciones de la Unión Europea también examinaron el marco jurídico de las ayudas concedidas. La Comisión Europea analizó el expediente tras recibir una denuncia y no halló indicios de irregularidad. Más tarde, en junio de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respaldó el régimen de ayudas del FASEE, señalando que cumplía con el interés común europeo y respetaba el principio de proporcionalidad.
Desde el Ministerio de Hacienda insisten en que el proceso para la concesión de estas ayudas estuvo sujeto a un marco normativo "reglado y garantista", sin espacio para decisiones arbitrarias o discrecionales a nivel político. El procedimiento incluía la participación de técnicos de SEPI, así como asesores externos, y requería la aprobación posterior del Consejo de Ministros.
Hacienda afirma que la aprobación de la ayuda a Plus Ultra se fundamentó en el cumplimiento estricto de los requisitos legales y en informes favorables emitidos durante toda la tramitación administrativa.
Consecuencias de la pandemia en la aviación
Se destaca también que la ayuda se aprobó en el contexto de la grave crisis generada por la pandemia de COVID-19, que afectó profundamente al sector aéreo. Los documentos del expediente reflejan que en 2020 los ingresos del transporte aéreo disminuyeron aproximadamente un 61% respecto a 2019, situación que puso en riesgo la continuidad de numerosas compañías.
Asimismo, se recuerda que la investigación judicial derivada de las querellas presentadas por Manos Limpias, Partido Popular y Vox contra los miembros del Consejo Gestor del FASEE concluyó, tras dos años de pesquisas, sin encontrar indicios delictivos en el otorgamiento de la ayuda. La Fiscalía solicitó el sobreseimiento y avaló la actuación administrativa realizada.