La jueza levanta el secreto de la pieza clave en compra de votos en Melilla 2023

Acto de campaña de CPM en las elecciones municipales y autonomicas de mayo de 2023.
  1. Avance en la investigación sobre la compra de votos en Melilla
  2. Estructura del procedimiento judicial y delitos imputados
  3. Situación actual del proceso y mantenimiento del secreto

Avance en la investigación sobre la compra de votos en Melilla

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla ha decidido, tres años después, levantar el secreto judicial sobre la parte principal de la investigación que gira en torno a la supuesta compra de votos en las elecciones municipales y autonómicas de 2023 en esta ciudad española en el norte de África. Este caso involucra a decenas de investigados y fue el motivo por el que Mustafa Aberchán, expresidente de Melilla y líder actual de CPM, junto a cuatro exconsejeros del anterior Ejecutivo local permanecieron encarcelados durante 71 días.

De acuerdo con la resolución, la jueza Carmen María Perles Sánchez firmó un auto que ordena la publicación de las actuaciones vinculadas a la causa principal y a varias piezas separadas. Sin embargo, algunas diligencias continúan bajo secreto por hallarse aún en investigación. Entre los investigados están Aberchán y los ex consejeros Dunia Almansouri, Rachid Bussián, Hassán Mohatar y Mohamed Ahmed. Todos formaron parte del gobierno melillense desde junio de 2019 hasta mayo de 2023, periodo durante el que presidió Eduardo de Castro (quien fue expulsado de Ciudadanos) en coalición con PSOE y CPM. Las detenciones se efectuaron los días 5 y 6 de marzo de 2024, con un tiempo de prisión preventiva que alcanzó los 71 días.

Estructura del procedimiento judicial y delitos imputados

El auto precisa que las diligencias previas se iniciaron el 24 de abril de 2023 por varias presuntas infracciones penales, entre ellas organización criminal, fraude electoral, delitos contra la intimidad, fraude en contratación pública, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos políticos, entre otros cargos.

La instrucción se divide en una causa principal y seis piezas separadas. En la pieza principal, el foco está en la investigación de una supuesta organización criminal con la intención de manipular procesos electorales realizados en Melilla desde 2019. La manipulación supuestamente incluye la compra de votos por correo y la creación de una base de datos ilegal, obtenida inicialmente del padrón municipal y luego ampliada.

La tercera pieza, cuyo secreto fue levantado en marzo de 2024, examina una supuesta adjudicación fraudulenta de contratos públicos. Según la instructora, el objetivo de estos contratos habría sido financiar la compra de votos por correo en las elecciones de 2019 y 2023, además de compensar a colaboradores a través de un sistema que afectó "a centenares de expedientes de adjudicación" gestionados desde consejerías dirigidas por miembros de CPM.

La cuarta pieza se orienta a la posible existencia de blanqueo de capitales vinculado a las presuntas "mordidas" derivadas de esas adjudicaciones, mientras que la quinta investiga la supuesta financiación ilegal del partido político involucrado.

Situación actual del proceso y mantenimiento del secreto

La jueza explicó que el levantamiento parcial del secreto judicial se ha producido tras incorporar en el procedimiento, desde octubre de 2025, los informes policiales que analizan los principales dispositivos electrónicos incautados durante los registros y detenciones. El último informe fue recibido el 29 de abril de 2026.

No obstante, la pieza sexta y una parte de la segunda continúan bajo secreto, ya que el juzgado considera que la revelación de su contenido podría perjudicar las investigaciones abiertas relacionadas con nuevos hechos detectados durante la instrucción, así como posibles derivaciones a otros órganos judiciales.

El auto también señala que existen "problemas técnicos en el sistema informático" que impiden momentáneamente levantar el secreto de forma parcial en la pieza segunda. El juzgado espera resolver esta cuestión en un plazo aproximado de diez días, una vez reciba asistencia técnica especializada. Contra esta resolución es posible presentar recurso de reforma y apelación.