Interior blinda toda su documentación por interés nacional, orden de Marlaska
El Ministerio del Interior, bajo la responsabilidad de Fernando Grande-Marlaska, trabaja en una nueva disposición destinada a reforzar el control sobre los datos considerados «clasificados» y «sensibles» desde su departamento. El borrador contemplado autoriza a reservar información cuando se entienda que su publicación “pueda causar una amenaza o perjuicio para los intereses de España”. Este criterio amplio facultaría la restricción de contenidos que el Ministerio considere que afectan a sus prioridades.
La propuesta avanza mientras que el Proyecto de Ley de Información Clasificada se mantiene estancado en la Cámara Baja tras su aprobación en Consejo de Ministros, el pasado mes de julio. Organismos como el Consejo de Estado han objetado que el régimen sancionador previsto —con sanciones de hasta 2,5 millones de euros por la revelación de datos «altamente secretos»— puede “desincentivar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de información”.
- Nuevos niveles de restricción informativa
- Figuras con autoridad en la clasificación
- Marco legal y críticas sobre información clasificada
Nuevos niveles de restricción informativa
La instrucción desarrollada por Interior introduce dos categorías adicionales respecto a la ordenanza vigente desde 1968: confidencial y difusión limitada. Esta modificación se suma a la normativa aún en vigor para delimitar la protección de la información.
Tal y como aparece en el documento, “cualquier información cuya revelación no autorizada o utilización indebida pueda causar una amenaza o perjuicio para los intereses de España” puede quedar protegida. Los ámbitos afectados incluyen el funcionamiento del sector público y las políticas estatales, negociaciones políticas o comerciales, intereses económicos e industriales, los servicios públicos, así como la prevención y persecución de delitos. El rango de «difusión limitada» aplica a documentos cuya circulación resulte “contraria a los intereses de España”.
Figuras con autoridad en la clasificación
El listado de competencias deja en manos de hasta diez altos cargos la potestad de clasificar documentación. Entre estos, el propio ministro, los máximos responsables de la Policía y la Guardia Civil, la Secretaría de Estado de Seguridad, la Subsecretaría del Interior, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y las direcciones generales vinculadas a coordinación, política interior, inteligencia frente al terrorismo y comunicaciones de seguridad.
En el supuesto de considerar procedente la protección de un determinado dato, los responsables deberán iniciar el trámite acreditando la amenaza o el daño específico sobre los intereses nacionales y precisar tanto su duración como la necesidad de revisiones para decidir la continuidad, retirada o modificación de la clasificación.
Marco legal y críticas sobre información clasificada
La orden prevé la creación de estructuras internas como el Servicio de Protección de la Información Clasificada del Ministerio del Interior, con el objetivo de salvaguardar la documentación. Se contempla, igualmente, que la información sensible pueda adoptar distintos niveles de uso: oficial, interno o público, permitiendo la divulgación únicamente cuando así se autorice y bajo las limitaciones indicadas.
Grande-Marlaska sostiene la necesidad de reserva alegando que el Ministerio “custodia información que, por su naturaleza, debe ser protegida y regirse por los principios de confidencialidad y necesidad de conocer, y siendo objeto de una clasificación de seguridad por el perjuicio que pueda suponer que por personas no autorizadas se acceda a gran parte de las materias previstas en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre como objeto de acceso limitado”.
Según se recoge, “la clasificación de seguridad debe justificarse ponderando los derechos fundamentales en juego de manera que no se trate de una decisión arbitraria, sino basada en un presupuesto legal habilitante que justifique la restricción del acceso a la información para evitar los perjuicios señalados”.
La futura legislación sobre información clasificada, uno de los compromisos adquiridos con el PNV, lleva varios meses paralizada en la fase de enmiendas parlamentarias.
El texto legal ha motivado críticas por parte de organismos como el Consejo de Estado, el Consejo de Transparencia y el CGPJ, centradas especialmente en las multas de hasta 2,5 millones de euros por divulgar datos señalados con el máximo grado de secreto. Un informe del Consejo Fiscal, firmado por Álvaro García Ortiz, advertía la “desproporción” de dichas sanciones y su “indeseable efecto disuasor". La misma advertencia fue trasladada por el Consejo de Transparencia, alegando el efecto sobre la “libertad de expresión”. Se subraya que “Ello alejaría del debate público democrático demasiadas cuestiones relevantes”.
La autoridad encargada de la protección de los secretos de Estado corresponderá a la denominada Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
En defensa de esta medida, el titular Félix Bolaños manifestó que la “seguridad y defensa nacional no son una broma”. “Avanzamos como una democracia madura”, puntualizó.