Moncloa sostiene que la declaración de Ábalos ante el Supremo ratifica la ausencia de corrupción

El exministro de Transportes José Luis Ábalos declara como acusado en el juicio del Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, a 4 de mayo de 2026, en Madrid (España).

El Gobierno sostiene que el testimonio del exministro y exdirigente socialista José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo confirma que la presunta corrupción está limitada a él y a su exasesor Koldo García, sin afectar a otros miembros del Ejecutivo.

Ábalos declaró recientemente como investigado en el 'caso mascarillas', enfrentando una posible pena de 24 años de prisión por supuesta corrupción en la adquisición de material sanitario durante la pandemia, junto a su colaborador y al empresario Víctor de Aldama.

Mientras Aldama, que prestó declaración la semana pasada, intentó involucrar a otros ministros como María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres y al propio presidente Pedro Sánchez, además de señalar una posible financiación ilícita del PSOE, Ábalos negó rotundamente estas acusaciones. Denunció una persecución por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sin mencionar a sus excompañeros en el Consejo de Ministros ni al partido en sus declaraciones.

  1. Corrupción de personas concretas
  2. Responsabilidades políticas ya adoptadas

Corrupción de personas concretas

Desde que salió a la luz este caso, el Gobierno ha intentado desvincularse, limitando el problema al ámbito interno del PSOE y no al Ejecutivo de Moncloa, señalando un "triángulo tóxico" conformado por Ábalos, Koldo y el exsecretario de Organización Santos Cerdán, involucrado en otras causas relacionadas con supuestos cobros ilegales en adjudicaciones de obras públicas, aunque no en esta primera investigación.

Fuentes oficialistas aseguran que la declaración de Ábalos ante el Tribunal Supremo deja claro que no existe una trama institucionalizada de corrupción, sino que las irregularidades se habrían cometido por individuos aislados.

El Ejecutivo ha manifestado su rechazo a estas prácticas y reafirma la necesidad de que la Justicia actúe para sancionar a los responsables si corresponde. El PSOE, por su parte, mantiene su compromiso de colaborar plenamente con los tribunales para esclarecer lo ocurrido.

Responsabilidades políticas ya adoptadas

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro Félix Bolaños evitó valorar la declaración de Ábalos, subrayando que ahora, durante el juicio oral, la postura del Ejecutivo es respetar las decisiones judiciales y las declaraciones que se producen en el proceso.

Remarcó que corresponde al Tribunal Supremo determinar la culpabilidad o inocencia de los imputados y recordó que el PSOE tomó "medidas inmediatas y contundentes" al detectarse los primeros indicios de irregularidades, apartando de inmediato a Ábalos, Koldo y Cerdán, sin mencionarlos expresamente.

Señaló que estas acciones se ejecutaron con rapidez para separar a los acusados del partido y la militancia. Ante la pregunta sobre si sería necesario asumir más responsabilidades políticas tras una eventual sentencia condenatoria, Bolaños insistió en que ese momento es ahora labor de la Justicia, ya que las decisiones políticas se adoptaron en su momento con la expulsión de los implicados de sus cargos dentro del PSOE.