El juez revela quiénes son las víctimas tras nuevo giro en caso Alvise
Álvaro Romillo, conocido por haber financiado al eurodiputado Alvise Pérez, ha pedido el permiso a sus abogados para un cambio en su defensa dentro de la investigación que sigue la Audiencia Nacional (AN) por la presunta macroestafa vinculada a Madeira Invest Club (MIC). Se conoció que la relación de confianza entre Romillo y sus anteriores letrados se quebró tras intentar alcanzar un acuerdo para depositar fondos como garantía de devolución a los afectados por el fraude.
- Detalles del fraude y las víctimas afectadas por Madeira Invest Club
- Avance de la investigación y medidas jurídicas en la Audiencia Nacional
La falta de avances provocó que el pacto quedara descartado, y sus antiguos abogados manifestaron no ver factible solicitar la libertad provisional para Romillo. Este desencuentro terminó con la decisión del empresario de contratar a un nuevo equipo legal, que ya está incorporado al proceso judicial según fuentes cercanas al caso.
Detalles del fraude y las víctimas afectadas por Madeira Invest Club
Según un auto al que tuvo acceso LA RAZÓN, el juez José Luis Calama consideró probado que Romillo, también conocido como «Luis CryptoSpain», habría defraudado al menos 64 millones de euros a 466 personas perjudicadas, entre particulares y empresas. En febrero, el juez solicitó que las acusaciones particulares presentaran un desglose completo de las víctimas, con nombres, importes perdidos y fechas de reclamación.
Los afectados incluyen perfiles variados: desde altos directivos que invirtieron más de 50.000 euros, un catedrático universitario que apostó medio millón, hasta un abogado madrileño y un cofundador de empresa autonómica que aportaron 500.000 euros cada uno. También figuran entre los engañados una enfermera de Madrid, un director general de un organismo público catalán y varios directivos de grandes empresas del Ibex35.
Avance de la investigación y medidas jurídicas en la Audiencia Nacional
La mayoría de los afectados están siendo representados por los despachos Soriano i Piqueras y Zaballos Abogados, quienes actúan en tres de las cuatro acusaciones admitidas. En diciembre pasado, el magistrado Calama procesó a Romillo por estafa agravada, pertenencia a organización criminal y falsedad documental, mientras la investigación avanza en una pieza aparte sobre el desvío y blanqueo de 185 millones de euros logrados presuntamente a través de más de 3.000 clientes de MIC.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha localizado solo una pequeña parte del dinero supuestamente desviado. El juez describió la organización de Romillo como «perfectamente estructurada» para defraudar a quienes buscaban ganancias rápidas. Entre los imputados para el juicio están sus principales colaboradores, familiares y otros implicados. Romillo permanece en prisión provisional desde noviembre, bajo la consideración de riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, dado que tiene recursos económicos significativos para evadir la justicia.