El PP señala a Ábalos y Koldo de ceder a Aldama mientras pandemia avanzaba

 

El abogado del Partido Popular, Alberto Durán, quien representa a la acusación popular en el juicio del Tribunal Supremo (TS) por posibles irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, denunció este miércoles que los acusados "se beneficiaban económicamente de la enfermedad mientras miles de personas fallecían cada día".

Durán aseguró que el empresario imputado, Víctor de Aldama, tenía como objetivo "corromper" a quien estuviera dispuesto a ser corrompido, en referencia al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su exasesor Koldo García, también procesados.

El letrado explicó que Aldama "estaba completamente implicado y arraigado" en la estructura, describiéndolo como alguien que "se movía con facilidad dentro del Ministerio, hasta el punto de generar ciertas alertas".

Destacó que Aldama o su entorno realizaron pagos periódicos a Ábalos y Koldo por un importe de 10.000 euros.

Asimismo, la acusación popular agregó la existencia de "un pago reiterado relacionado con el alquiler del piso de Jéssica Rodríguez". Durán resumió esta información señalando que "hay pagos regulares y otros que afloran".

Además, subrayó que en un momento dado "los pagos se canalizaron a través del hermano de Koldo, Joseba García", tras un conflicto entre este y el empresario.

Aldama actuaba con soltura dentro del Ministerio

Según el abogado, desde septiembre de 2021 la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil documentó hasta nueve encuentros entre Joseba García y Aldama o personas de su entorno.

Durán afirmó que "la iniciativa de estos encuentros no partía de Joseba, quien supuestamente iba a protestar por un asunto con un coche, sino de Aldama".

Respecto al alquiler con opción a compra de un inmueble en el Paseo de la Castellana en Madrid, supuesto obsequio para Ábalos, el abogado indicó que el exministro "no proporcionó una explicación convincente".

Señaló que esta situación ocurrió justo cuando se discutían comisiones de hasta 500.000 euros mensuales por la venta de petróleo.

El letrado concluyó que "tiene sentido lo que afirma Aldama sobre que esto servía como garantía para que Ábalos permaneciera tranquilo".

La acusación popular solicita 30 años de prisión para Ábalos y Koldo, mientras que para Aldama pide cerca de cinco años, considerando la atenuante muy cualificada de confesión.