El Gobierno recurre a agentes para vigilar 2.000 posts mensuales
El Gobierno de Pedro Sánchez prevé contratar espías para supervisar más de 2.000 publicaciones mensuales de influencers «de especial relevancia». El objetivo es comprobar si los creadores con audiencias elevadas respetan la obligación de indicar cuándo un contenido está pagado por una empresa y, por tanto, constituye publicidad.
En paralelo, esos perfiles con gran número de seguidores fueron incluidos por el Ejecutivo socialista en su plan mordaza dirigido contra los medios críticos, una iniciativa que el Gobierno enmarca en la necesidad de «luchar contra la desinformación».
La Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que depende del Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo, ha sacado a licitación un contrato para la «asistencia técnica necesaria para la elaboración de un trabajo de análisis y consulta del contenido audiovisual que determinados influencers publican en sus perfiles de plataformas de intercambio de vídeos, con el fin de detectar posibles comunicaciones comerciales no identificadas».
El marco que define quién es «usuario de especial relevancia» figura en el Real Decreto 444/2024. Según esa norma, la categoría alcanza a quienes suman un millón de seguidores en una única plataforma o dos millones en varias plataformas, y además declaran ingresos de al menos 300.000 euros al año.
En relación con la identificación de mensajes promocionales, la Ley 13/2022 General de Comunicación Audiovisual señala que, cuando un influencer difunde publicidad, esas «comunicaciones comerciales» deben «estar claramente diferenciadas del contenido editorial mediante mecanismos ópticos y/o acústicos y/o espaciales», de forma que se distingan del resto de publicaciones.
- Etiquetado obligatorio de contenidos promocionales
- Fichas de perfiles y alcance sobre usuarios críticos
Etiquetado obligatorio de contenidos promocionales
La obligación concreta incluye incorporar los términos «publicidad» y «publi» en los posts que contengan comunicaciones comerciales.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia admite que en este momento existen 1.600 influencers que podrían encajar en la consideración de usuarios de especial relevancia. Por esa razón, el organismo dependiente de Economía indica que «no está en disposición de llevar a cabo un análisis individualizado de cada una de las emisiones de estos agentes ni cuenta con los instrumentos técnicos especializados para el desarrollo de dicha labor». En consecuencia, se recurre a una empresa externa para asumir ese trabajo de espía.
Entre las tareas previstas, la empresa adjudicataria deberá facilitar a la CNMC una herramienta similar a un buscador que le facilite las consultas «sobre los influencers y los contenidos que hubieran publicado».
Además, tendrá que remitir un listado mensual con información de los principales influencers y de sus publicaciones. Junto a ello, la adjudicataria realizará un «análisis de determinados contenidos publicados por los influencers» para la «detección de posibles comunicaciones comerciales no identificadas» y, cuando proceda, «se reportarán los resultados a la CNMC».
El contrato se estructura en tres lotes, uno por cada plataforma de intercambio de vídeos en la que los influencers concentran su actividad y donde se observa mayor presencia de contenidos promocionales: Instagram, TikTok y YouTube.
La CNMC exigirá que el servicio se centre en influencers que superen un umbral de audiencia. El criterio incluye perfiles con al menos 100.000 seguidores, que hayan publicado al menos 24 vídeos durante el último año y cuyos servicios se orienten al mercado español.
Fichas de perfiles y alcance sobre usuarios críticos
La adjudicataria deberá entregar al Gobierno una ficha con el usuario del influencer, su nombre completo, el tipo de público objetivo (edad, género y ubicación geográfica de audiencia por país), su ubicación (desde donde emite el canal) y las publicaciones inspeccionadas.
Esos mismos usuarios, para los que se plantea crear una base de datos completa con fines de inspección, coinciden con los que el Gobierno propone enviar si difunden lo que considere noticias falsas o bulos.
Esta línea de actuación se vincula al nuevo derecho de rectificación, que dejaría de aplicarse solo a medios de comunicación y pasaría a abarcar también a los «usuarios relevantes» en redes sociales. En este contexto, se recuerda que la ofensiva del Gobierno contra lo que denomina bulos se inició en abril de 2024, cuando Sánchez se ausentó cinco días para reflexionar tras aludir al «acoso y derribo» por parte de medios que difundían informaciones sobre Begoña Gómez.
El cambio normativo adquiere especial relevancia porque el control que el Gobierno pretende aplicar sobre los medios se extendería a ciudadanos particulares que publican opiniones en redes sociales. Así, se impondría la obligación de rectificar a los «usuarios de especial relevancia», definidos en este ámbito como quienes tienen más de 100.000 seguidores en una plataforma o más de 200.000 en el conjunto de todas ellas.