El Supremo inicia juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por amaños en las mascarillas
El Tribunal Supremo comenzará este martes el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, relacionados con presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados desde el Ministerio de Transportes en plena pandemia. Ábalos y Koldo se encuentran en prisión provisional desde el 27 de noviembre y mantienen su inocencia.
El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, sostiene que los acusados aprovecharon el cargo de Ábalos para favorecer, a cambio de beneficios económicos, la adjudicación de contratos a empresas promovidas por Aldama. Según la acusación, esta conducta se extendió a lo largo de varios años y englobó la creación de una organización criminal que comprendía la intervención de otros funcionarios y allegados.
- Acusaciones y peticiones de pena
- Roles en la organización
- La interlocución de Aldama
- Desarrollo del juicio
El escrito de denuncia detalla que Ábalos, Koldo y Aldama acordaron un plan criminal para aprovecharse de las oportunidades que surgieran, contando con el apoyo puntual o continuo de autoridades y empleados públicos, así como de personas vinculadas a Aldama y a la familia de Koldo. Se señala que esta alianza se mantuvo hasta la salida del Ministerio de Transportes de Ábalos y Koldo en 2021.
Acusaciones y peticiones de pena
La Fiscalía advierte que la estructura delictiva no solo cometió múltiples delitos, sino que también otorgó a Aldama una posición privilegiada en sus relaciones con el Ministerio de Transportes y otras administraciones públicas. Formalmente, solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por delitos como pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, aprovechamiento de información privilegiada y malversación, así como una multa de 3,8 millones de euros.
Para el empresario Víctor de Aldama, se reclaman siete años de cárcel y una multa de 3,7 millones de euros, aplicándole la atenuante de confesión ya que admitió su culpabilidad en parte. Por otro lado, las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular piden penas de hasta 30 años para Ábalos y su exasesor, manteniendo para Aldama la misma petición fiscal.
Roles en la organización
El relato del Ministerio Público apunta que los acusados desempeñaron funciones diversas y complementarias, con Ábalos como líder y referente. Koldo García, en calidad de hombre de confianza, actuó más como asistente que como asesor, realizando tareas tanto legales como ilícitas durante y después del mandato ministerial.
La Fiscalía describe a Koldo como el "alter ego" del exministro, un vínculo tal que en las administraciones se consideraba que él transmitía fielmente las decisiones y deseos de Ábalos. Además, se atribuye a Koldo la gestión de fondos ilegales del exministro, actuando como su testaferro en actividades delictivas junto a Aldama.
La interlocución de Aldama
Según la acusación, el empresario Aldama, con intereses en sectores como el inmobiliario y la venta de hidrocarburos, disfrutaba de un acceso preferente al entonces ministro. Esta "interlocución privilegiada" le permitió detectar las necesidades de compras sanitarias, identificar empresas proveedoras y diseñar ofertas para captar contratos públicos en distintos organismos y comunidades autónomas.
La Fiscalía sostiene que Aldama localizaba interesados en gestionar con la administración y promovía sus intereses a cambio de compensaciones económicas, que compartía con Ábalos y Koldo. Entre las supuestas contraprestaciones figuran pagos mensuales de hasta 10.000 euros y alquileres de viviendas para los acusados o sus parejas, algunas también pagadas por empresas públicas.
Desarrollo del juicio
El juicio se celebrará en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo en un total de 13 sesiones, que se extenderán desde el 7 hasta el 30 de abril. Más de 70 testigos están citados para declarar, entre ellos el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quienes presidiron comunidades autónomas que compraron mascarillas a una empresa vinculada a Aldama.
El tribunal ha permitido que algunos testimonios sean entregados por escrito sin comparecencia presencial. Los acusados tienen previsto declarar el 28 de abril. Entre los testigos también figuran familiares de los acusados, ex altos cargos de Transportes, empresarios y miembros de la Guardia Civil implicados en la investigación.
El tribunal estará compuesto por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Susana Polo, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández, presididos por Martínez Arrieta.