Ábalos se jubila ante dudas de indemnización del Congreso al dejar escaño
La situación de un exdiputado con derechos parlamentarios suspendidos abre un debate práctico: qué ocurre con las prestaciones ligadas al escaño cuando la Cámara retira sueldo, voto y cobertura asociada al mandato. En un contexto de máxima atención pública, cada decisión institucional marca precedentes.
En este caso, la duda sobre el cobro de una indemnización por cese ha empujado a una alternativa inmediata: optar por la jubilación. El asunto no solo afecta a cifras concretas, también pone el foco en la necesidad de reglas claras y aplicadas con transparencia.
Seguir de cerca estos procedimientos y exigir explicaciones comprensibles resulta clave para fortalecer la confianza en las instituciones. Cuando hay investigaciones en curso, la rendición de cuentas y la trazabilidad de las decisiones administrativas se vuelven aún más importantes.
- Ábalos y la decisión de acogerse a la jubilación
- Cómo funciona la indemnización por cese en el Congreso
- La duda por la suspensión de derechos
- El antecedente más reciente: el caso de Santos Cerdán
Ábalos y la decisión de acogerse a la jubilación
MADRID, 29 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN). El exministro socialista José Luis Ábalos, en prisión provisional por el caso Koldo, ha comunicado su intención de acogerse a la jubilación. El paso llega ante la incertidumbre de si el Congreso le abonaría la compensación de más de 57.000 euros vinculada a sus cerca de 17 años como diputado, al haber tenido suspendidos sus derechos parlamentarios.
En un mensaje difundido en la cuenta de X gestionada por su entorno, sostiene que se han agotado las opciones disponibles y denuncia haber quedado sin derechos ni deberes, además de sin ingresos y sin protección social asociada. El texto también plantea la dificultad de mantener compromisos familiares y afrontar la defensa, y presenta la jubilación como la salida restante, rematando con la idea de que sus adversarios habrían logrado su propósito.
Cómo funciona la indemnización por cese en el Congreso
La indemnización por cese funciona, en la práctica, como una prestación similar a un paro para quienes han sido diputados durante más de dos años y dejan el acta. Su cobro está condicionado a no percibir otros ingresos, ya sean públicos o privados.
La cuantía equivale a una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato en las Cortes Generales, o por fracción superior a seis meses, con un tope de veinticuatro mensualidades. El pago es mensual y su concesión depende de la Mesa del Congreso.
En el caso de Ábalos, diputado de forma ininterrumpida desde abril de 2009, siempre en el PSOE hasta su paso al Grupo Mixto en febrero de 2024 tras la detención de su asesor Koldo García Izaguirre, esa indemnización podría haber alcanzado los 57.238,49 euros, según el cálculo basado en la última actualización de la asignación constitucional.
La duda por la suspensión de derechos
Fuentes parlamentarias indicaron a Europa Press que existían dudas en la Cámara sobre si Ábalos mantenía el derecho a solicitar la indemnización. La incertidumbre se relaciona con la decisión tomada en noviembre, cuando, tras su ingreso en prisión preventiva, la Mesa del Congreso acordó la suspensión de sus derechos, dejando de percibir el sueldo y sin posibilidad de votar.
Al optar por la jubilación, el exdiputado, de 66 años, da a entender que no tratará de pedir esa indemnización parlamentaria. Además, se recuerda que la indemnización por cese es incompatible con la pensión de jubilación.
En escenarios así, resulta esencial reclamar criterios verificables y decisiones bien fundamentadas. La claridad no es un detalle: condiciona derechos, obligaciones y la percepción pública de la igualdad de trato.
El antecedente más reciente: el caso de Santos Cerdán
El último diputado que cobró la indemnización por cese fue el también ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Dejó el escaño en junio, dos semanas antes de entrar en prisión preventiva por su supuesta participación en una trama de cobro de mordidas a cambio de la concesión de obra pública, en la que también se investiga a Ábalos.
El PP intentó que la Mesa del Congreso frenara ese pago alegando que el exdiputado había ocultado al Congreso que, desde 2016, era propietario del 45% de la empresa Servinabar. PSOE y Sumar respaldaron la concesión apoyándose en un informe de los letrados.
Los servicios jurídicos concluyeron que el número tres del PSOE había generado el derecho a percibir casi 19.000 euros de indemnización por el periodo en el que fue diputado. El cobro se prolongó durante seis meses hasta diciembre.
La diferencia con Ábalos, según lo trasladado, es que Cerdán conservaba sus derechos como diputado cuando abandonó el Congreso, ya que entregó el acta antes de entrar en la prisión de Soto del Real (Madrid), de la que salió en noviembre.